Dura interna eclesial.
Roberto González Nieves, arzobispo de San Juan en Puerto Rico, no está sólo. Mientras en El Vaticano le han sugerido que renuncie, un nutrido grupos de fieles se ha movilizado para mostrarle solidaridad y defenderle. No están dispuestos a perderle como pastor. Mientras tanto el delegado apostólico para la isla insiste en pedir a Roma su remoción sin saber, quizás, de la amistad que le une al Papa Francisco.
El 8 de mayo González Nieves cumplió 14 años al frente de su arquidiócesis, mientras mantiene una dura pulseada con dos dicasterios de la Curia Romana: las congregaciones para el Clero y para los Obispos. Sus responsables, los cardenales Mauro Piacenza y Marc Ouellet, han intentado destituirle sin éxito.
Por lo pronto casi un centenar de organizaciones formaron la llamada Coalición en Defensa y Solidaridad con el Arzobispo de San Juan, un organismo que pretende limpiar el nombre del prelado porque lo consideran “un elemento de unión”. Mientras tanto su vicario general, Leonardo Rodríguez Jimenes, denunció en una larga carta la existencia de una “cadena de ofensas”, “intrigas” y “ataques” contra el clérigo.
En resumen: un cierre de filas en torno al arzobispo que ya se había manifestado en diciembre de 2012 cuando todos los miembros de la Conferencia Episcopal lo eligieron como su presidente, un cargo que ya había ocupado entre 2001 y 2007. Esto no fue bien visto en Roma. Por eso en una reunión, el 15 de diciembre, el cardenal Ouellet y su secretario, Lorenzo Baldisseri, le reclamaron a González Nieves que “los obispos están de su lado”.
Detalles aparte, todos los defensores coinciden en una cosa: las acusaciones contra él no tienen fundamento. Y resulta difícil no dar crédito a sus afirmaciones. Sobre todo después que la congregación de Piacenza ordenase al arzobispo ecuatoriano de Guayaquil, Antonio Arregui Yarza, una exhaustiva auditoría a la gestión episcopal de su par puertorriqueño. Una visita apostólica iniciada en el lejano 25 de octubre de 2011 pero aún no concluida.
Si realmente existiesen problemas graves, 19 meses son más que suficientes para identificar las pruebas. Y si se tuviesen las evidencias, ni el prefecto Ouellet ni el Papa hubiesen dudado en intervenir como ocurrió en el caso de los 81 obispos obligados a removidos durante el pontificado de Benedicto XVI por diversos motivos.
Aún así las “imputaciones” contra González Nieves permanecen. Primero lo acusan de proteger a pederastas, pero existe un reporte de la Congregación para Doctrina de la Fe que ratifica su actuación como apegada a las normas y lo exonera de cualquier irregularidad. Luego le reclaman haber conducido un proceso eclesiástico contra el presbítero Edward Santana sin jurisdicción, lo cual es verdadero. De hecho esa persona ya fue separada del sacerdocio. Sólo que existe un detalle: el arzobispo condujo esa investigación por solicitud expresa de los tribunales vaticanos.
La tercera cuestión que le achacan corresponde a la propuesta de las llamadas “residencias compartidas”, una ley que buscaba permitir cierta tutela legal a las personas que vivan bajo un mismo techo. Y aunque sus detractores se empeñan en sostener que esa fórmula legislativa pretendía favorecer las uniones homosexuales, en realidad se trataba de una solución amplia para cuestiones patrimoniales en núcleos genéricos de personas. Aún más, esa propuesta fue aprobada a la unanimidad por la Conferencia Episcopal y contó con el aval del cardenal Joseph Ratzinger, entonces prefecto de la Doctrina de la Fe.
Así las cosas, todo parece reducirse a una disputa política. ¿Por qué? Lo explica la cuarta acusación: el arzobispo es un “independentista”. Eso lo sostienen varios políticos puertorriqueños, entre ellos la ex representante (diputada), Albita Rivera, quien pocos días atrás llamó a sus seguidores a no dar su limosna dominical para “pegarle donde le duele” al clérigo, al cual calificó de “politiquero que usa a la Iglesia para adelantar su agenda separatista y por eso el Vaticano le tiene el ojo puesto”.
En un territorio libre pero asociado a los Estados Unidos, como Puerto Rico, la identidad nacional es un asunto delicado. Por eso algunos líderes no digieren que en la catedral de San Juan exista un “altar de la patria” donde se rece por el país. Más bien lo consideran la prueba concreta del involucramiento político “independentista” del pastor.
Esto mismo parece ser la convicción del nuncio en República Dominicana y delegado apostólico en territorio puertorriqueño, Josef Wesolowski. Diplomático polaco, el primer interesado en la destitución de González Nieves y el responsable de la carta firmada en diciembre por el secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, en la cual se exige al arzobispo quitar el “altar de la patria”. Una misiva despachada en el anterior pontificado pero que, quizás, no surta efecto. Porque Jorge Mario Bergoglio conoce desde hace tiempo al arzobispo de San Juan. Mantiene con él una amistad que puede ser definitiva para dirimir de una vez por todas esta controversia.
Fuentes: Sacro y Profano, Signos de estos Tiempos
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