Sin embargo no tiene la legitimidad del estado.
Cuando hay un vacío de poder alguien lo ocupa, y las pandillas criminales obtienen sus ganancias ofreciendo a las regiones donde operan ciertos beneficios que un estado débil no ofrece, como empleos, seguridad callejera, servicios sociales básicos. La ventaja de las pandillas es su monopolio de la violencia, que les ha llevado a suplir a ONG’s y a las iglesias en esa tarea. Sin embargo no pueden representar al estado porque subvierten el orden establecido con maniobras ilícitas, por lo cual se enfrentan globalmente con él. Y así hemos visto que la Iglesia Católica está operando en países como Honduras y El Salvador a un nivel político para mediar entre el estado y las pandillas, y entre ellas.
En los países del Caribe, como República Dominicana y Puerto Rico, los grupos criminales han establecido alianzas claras con los partidos políticos y otros sectores del Estado. Al hacer esto, posiblemente están beneficiando a ciertas comunidades marginadas que el Estado ha demostrado ser incapaz de servir adecuadamente.
Pero en la medida que el estado (la legalidad) quiera recuperar las periferias que ha perdido, necesariamente se tendrá que enfrentar violentamente con las pandillas, y de ahí los conflictos que invariablemente vemos.
En este artículo pretendemos entender como es que que se relacionan las pandillas en las sociedades y con los políticos y que funciones cumplen.
UN PODER PARALELO QUE SE SOLAPA CON EL DE LOS POLÍTICOS
¿Bueno o malo? Cuando los legisladores y el público general realmente prestan atención al debate sobre los efectos sociales del crimen, las realidades complejas tienden a reducirse a esta dicotomía.
Esta dicotomía es la razón por la cual las políticas gubernamentales a menudo conllevan medidas simplistas de represión en comunidades plagadas de drogas. Esa estrategia choca con la realidad vivida por las personas más afectadas por la violencia criminal: las poblaciones pobres y desprovistas de derechos, que viven en barrios marginales.
El problema con esta dicotomía es que oculta cualquier comprensión significativa de un fenómeno complicado.
El crimen organizado se ha integrado en algunas sociedades latinoamericanas y caribeñas hasta el punto de convertirse en un poder paralelo, con intereses que se solapan con los de los políticos, los burócratas y la fuerza pública. La confluencia de todos estos factores desafía cualquier respuesta simple y convencional.
ACTIVIDADES CRIMINALES CON ACENTO POLÍTICO Y SOCIAL
Esa es la realidad perversa que muchos puertorriqueños y dominicanos están experimentando hoy en día. Los grupos criminales organizados han ido transformando ambas sociedades, creando órdenes violentos, aunque fuertemente políticos y sociales, sobre la base de un equilibrio precario de actividades ilícitas como el narcotráfico.
¿El triunfo del mal? Sí y no. En ambos países, las tasas de homicidios se han duplicado en los últimos siete años. No obstante, pese al impacto negativo de este aumento en la inseguridad, estos mismos grupos criminales proveen oportunidades y recursos, empleo ocasional y protección a aquellas personas que viven en los barrios más afectados. Eso es algo que el Estado no ha sido capaz de hacer y que los funcionarios electos no pueden, o no quieren, lograr durante su mandato de cuatro años en el cargo.
SE CONVIERTEN EN UN ORDEN POLÍTICO Y SOCIAL ALTERNATIVO
El tipo de crimen que ha penetrado estas -y otras- sociedades del Caribe se comporta de manera muy diferente a la delincuencia común. Al igual que las plantas que son «heliotropos» y siempre buscan la luz del sol, vamos a llamar a este comportamiento criminal «estadotropo». Con esto nos referimos a las organizaciones criminales que se mueven hacia el estado. Los estadotropos con poder e influencia ofrecen beneficios a los funcionarios públicos con el fin de ganar su lealtad y protección.
Los criminales estadotropos prefieren un escenario en el cual se beneficien tanto los funcionarios de alto como de bajo nivel de las actividades criminales. A su vez, esto pone al Estado en la posición insostenible de hacer cumplir la ley, al tiempo que sirve como un instrumento de explotación por parte de las fuerzas criminales.
Estadotropismo es un término útil para describir las condiciones en las democracias latinoamericanas y caribeñas, pero se manifiesta de diferentes maneras. A veces, el propio Estado se convierte en patrocinador de órdenes políticos y sociales alternativos, mediante la transferencia explícita de poder a los actores no estatales. Este es el caso de Jamaica y Haití, donde los grupos criminales (pandillas, «yardies» -pandillero jamaiquino- y fuerzas paramilitares) han pasado a formar parte del sistema político. Estas organizaciones criminales han establecido alianzas claras con miembros de los partidos políticos y sectores estatales, que a su vez transfieren prestaciones sociales a las personas con poder e influencia local, ayudando al gobierno a establecer un control político en las zonas específicas.
EL CASO DE PUERTO RICO
El fenómeno se está produciendo ahora también en Puerto Rico, en los bloques de viviendas públicas llamadas «caseríos». Dos de los más grandes en el municipio de San Juan, Nemesio Canales (1.500 unidades) y Llorens Torrens (2.000 unidades), tienen la concentración más alta de pandillas. Estas bandas criminales juegan un papel crítico en permitir que el ex partido gobernante Nuevo Partido Progresista (PNP) ganara múltiples victorias en las tres últimas elecciones municipales.
Aquí hay dos tipos importantes de agentes de poder. Por un lado, están las castas políticas, basadas en lazos familiares, que heredan los puestos políticos disponibles en la mayoría de los municipios. Por otro lado, hay pandillas que ellas mismas se han abierto camino en estas comunidades cerradas. Esta repartición de poder entre los políticos y las pandillas politizadas en estos barrios compensa la debilidad del Estado, lo que garantiza una tenue estabilidad política que atraviesa varias clicas políticas.
NO NECESARIAMENTE SE TRATA DE PANDILLAS
En otros casos, el Estado es tan débil que se basa fundamentalmente en las relaciones clientelistas con las personas, en lugar de las pandillas. En cualquiera de los casos, estos individuos y grupos criminales terminan asumiendo las funciones del Estado en estas comunidades relegadas socialmente. Aprenden rápidamente cómo sacar provecho de las oportunidades como las elecciones locales, protestas sociales y tomas de tierras. Son una presencia diaria para las necesidades de las personas en los barrios pobres, y a veces abordan estas necesidades de una manera más coherente y eficiente que lo hacen los políticos.
No necesariamente tienen que ser actores violentos los que asumen las funciones básicas del Estado en los barrios pobres, cuando este se muestra incapaz de hacerlo. En República Dominicana, por ejemplo, la incapacidad del Estado para proveer servicios sociales básicos y empleo –pese a haberlo prometido en repetidas ocasiones durante las elecciones– llevó a que los actores no violentos, como las organizaciones no gubernamentales (ONG), iglesias, y organizaciones comunitarias asumieran esas funciones. Más recientemente, sin embargo, estas funciones han sido asumidas por grupos criminales.
¿HAY ALGO QUE APRENDER DE LA FORMA EN QUE LOS CRIMINALES HACEN NEGOCIOS?
Hay algunas conclusiones que podemos sacar. En primer lugar, está la capacidad bien desarrollada de los grupos criminales para adaptarse a los nuevos entornos y cambiar las reglas de acuerdo a estas áreas. Esto les permite crear nuevas formas de control social e identificar posibles alianzas en las comunidades que ya están socialmente aisladas.
En segundo lugar, es evidente que, en cierto modo, estos grupos criminales se convierten en los ojos y oídos de estas comunidades. Ellos saben lo que quiere y necesita la gente, y se aprovecharán de esto como una manera de fomentar la lealtad y la confianza.
En tercer lugar, mediante el ejercicio del poder duro y blando, se convierten en un tipo de poder regulatorio, previniendo que la delincuencia callejera desorganizada se expanda dentro de estas comunidades. Al mismo tiempo, los grupos criminales organizados se convierten en guardianes del control social: mediando conflictos, estableciendo colectivamente formas aceptables de comportamiento entre los residentes y en ocasiones protegiéndolos de los agresores externos (incluyendo las acciones abusivas de la policía). Por así decirlo, los grupos criminales organizados garantizan protección a cambio de ser protegidos por la comunidad.
En cuarto lugar, estos criminales estadotropos saben cómo organizarse en estructuras fluídas, en contraste con las estructuras verticales y jerárquicas adaptadas por, por ejemplo, las fuerzas estatales tales como los escuadrones de policía. Cuando las pandillas garantizan protección a los residentes a cambio de ser protegidos por la comunidad, están rompiendo el monopolio del poder, y la violencia que la policía y los encargados de hacer cumplir las leyes tratan de establecer en esas comunidades.
Por último, al funcionar como una organización más fluida y elástica, son capaces de expandirse a diferentes grupos sociales y fomentar nuevas asociaciones. También son capaces de otorgar incentivos a los reclutas para realizar bien su trabajo, y por lo tanto mantienen una adscripción leal a su organización.
Estas son todas las funciones que las organizaciones criminales realizan en las comunidades pobres, como se ve en varios países del Caribe. La misma complejidad y variedad de estas funciones es precisamente lo que hace que sea tan simplista reducir el debate público acerca del crimen organizado a un asunto de «los malos de las pandillas» contra «los buenos del gobierno». A pesar de que los grupos criminales hacen mucho para desestabilizar a las sociedades en las que operan, también es importante tener en cuenta que en algunas zonas pueden intervenir y realizar las funciones que el Estado ha descuidado durante mucho tiempo.
Fuentes: Lilián Bobea (*) para Insight Crime, Signos de estos Tiempos
*Lilian Bobea tiene un doctorado de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos y una maestría de la SUNY Binghamton, Nueva York. Es una especialista en Seguridad del Caribe y profesora de la Universidad de Bentley, Massachusetts y FLACSO, República Dominicana.
