Diez años de entrega de las cárceles a las pandillas en El Salvador.
El Salvador es uno de los países más violentos del mundo, gracias a la actividad de las pandillas llamadas maras. Este mes se cumplieron 10 años de una decisión estatal que consolidó y potenció la estructura de las maras, lo que están pagando cada vez más países de la región al diversificarse e internacionalizarse estas bandas, llevando la violencia a todas partes.
Algunos cristianos que leen estos Foros quizás se pregunten si este artículo tiene que ver con la religión, pero es que la religión no puede estar separada de la realidad social, y en la realidad social suceden estos movimientos de crecimiento del mal, que son las pandillas; un hecho comparable al mal desplegado por el Estado Islámico en Medio Oriente.
Es más, la única forma de expresarse el bien y el mal es en la sociedad, entre los hombres; es allí donde se los puede ver, no en lo abstracto.
Latinoamérica es la región del mundo más violenta fuera de las zonas de guerra; es un claro foco de la actividad del maligno. Y muy lejos de ahí, en Siria e Irak se está desplegando otro escenario de actividad del maligno, que tiene sus ramificaciones en Nigeria con Boko Haram y en Magreb Islámico con AQMI.
En este caso de El Salvador, malas políticas diseñadas desde el gobierno y voces que no se alzaron en su momento, han permitido esta concentración de maldad en Latinoamérica.
A DIEZ AÑOS DE LA FATÍDICA DECISIÓN
El martes 2 de septiembre se cumplieron 10 años desde que el Estado salvadoreño asignó cárceles exclusivas a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. La medida es hoy señalada por académicos e investigadores como una de las que provocó la radicalización del fenómeno de las maras, pero muy pocas voces la criticaron mientras se gestaba. Casualmente, el aniversario llega en medio de un incipiente debate sobre si revertir la segregación es viable o no.
El 2 de septiembre de 2004 el Estado elevó a la categoría de política pública la entrega de cárceles exclusivas a las principales pandillas, una arriesgada medida que ningún otro país de la región se atrevió a replicar.
La madrugada de aquel jueves, cerca de 1.100 privados de libertad –casi el 10 por ciento de la población penitenciaria– fueron movilizados de forma simultánea entre cuatro cárceles del país: Apanteos (Santa Ana), Sonsonate, Quezaltepeque (La Libertad) y Ciudad Barrios (San Miguel). Más de 700 eran pandilleros activos de la Mara Salvatrucha (MS-13), que celebraron como una victoria que el gobierno les concediera al fin uno de sus reclamos más sentidos.
Dos semanas atrás, los celebradores habían sido sus archirrivales del Barrio 18, aunque tuvieran que hacerlo un día después de la masacre carcelaria más mortífera del siglo –no menos de 32 fallecidos–, la del 18 de agosto en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. Unos 360 dieciocheros fueron llevados a Cojutepeque, a una cárcel que paradójicamente había sido clausurada oficialmente un año antes por céntrica y obsoleta, y de la que se anunció que se convertiría en un centro cultural.
Observada hoy desde la distancia, la segregación fue la consecuencia de un complejo y sangriento proceso que se prolongó casi una década. Arrancó a mediados de los noventa con el mismo inicio de la guerra entre las pandillas; hubo cesiones intermedias del Estado, primero con la asignación de celdas exclusivas dentro de las cárceles, luego pabellones, luego sectores enteros… hasta aquellos traslados del 2 de septiembre de 2004.
LAS CONSECUENCIAS
El 2 de septiembre de 2004 el Estado prácticamente fijó el esquema de segregación de pandillas vigente en la actualidad: a la Mara Salvatrucha le entregó por completo los penales de Ciudad Barrios y Quezaltepeque; al Barrio 18, los de Cojutepeque y Chalatenango. La cárcel de Sonsonate se reservó para pandilleros retirados, aquellos a los que los activos llaman pesetas.
La estrategia de los centros penales exclusivos se vendió en 2004 como la única que permitiría el manejo del sistema penitenciario y que evitaría violencia y masacres, pero parece que no se valoraron las consecuencias de retener bajo un mismo techo a 1,000 o a 2,000 homies ociosos.
Y consecuencias hubo. Pero mejor dar la palabra a los peritos.
Dice Wim Savenije, investigador holandés:
“Se reforzó la solidaridad interna [entre los pandilleros], nacieron divisiones de trabajo, aparecieron nuevas reglas informales y formales de conducta, y además surgieron líderes (…). La organización de las pandillas transnacionales empezó a reforzarse principalmente desde los centros penales”. (Savenije, Wim. Mara y barras. Pandillas y violencia juvenil en los barrios marginales de Centroamérica. Flacso, San Salvador, El Salvador, 2009).
Dice Jeannette Aguilar, académica salvadoreña:
“La política gubernamental carcelaria ha cohesionado y consolidado la identidad de las pandillas, ha incrementado el sentido de lealtad, ha fortalecido los liderazgos y ha fomentado el odio hacia la pandilla rival, agudizándose así la guerra que libran las dos principales pandillas desde hace más de una década (…). El propio Estado ha legitimado las cárceles como un espacio y territorio bajo control pandillero, desde el cual estos grupos operan”. (Aguilar, Jeannette. Los resultados contraproducentes de las políticas antipandillas. En revista ECA Nº 708, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, 2007).
Dice Steven Dudley, periodista y consultor estadounidense:
“Mantener agrupados a los líderes y a una gran parte de los soldados más incondicionales tuvo un efecto adicional, en especial después de que el Estado asignó centros penales diferentes a cada pandilla. Los líderes tenían más tiempo para organizar y planear estrategias y actividades (…), y las pandillas incursionaron en nuevos delitos, específicamente la extorsión y el secuestro, actividades que se realizan casi exclusivamente desde las cárceles”. (Dudley, Steven. Drug Trafficking Organizations in Central America: Transportistas, Mexican Cartels and Maras. En Woodrow Wilson Center Reports on the Americas #29, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, Estados Unidos, 2011).
Sin el lenguaje florido-retorcido de los académicos, Sleepy, el aka falso de un pandillero retirado que aceptó hablar para este reportaje bajo condición de anonimato, dice en esencia lo mismo:
“En la historia de las pandillas hay dos momentos importantes: el primero, cuando les dieron las cárceles; y luego, la tregua”.
¿ES REVERSIBLE LA SEGREGACIÓN?
“Sería la peor decisión. Sin antes realizar un proceso de atención a la población carcelaria y de garantizar los derechos… ahorita no es una opción”, dice Bertha Deleón, exfiscal y abogada de Fespad.
“Se podría revertir… si antes se hace una inversión económica fuerte, una inversión de tiempo increíble y una voluntad bárbara para mejorar los centros”, dice la jueza Astrid Torres.
“Con el prerrequisito de que el Estado controle los centros penales, sí es reversible”, dice el exministro Bertrand Galindo.
“Yo lo veo complicado. Los mismos factores que justificaron tomar esa decisión siguen estando ahí”, dice Jaime Martínez.
Más pragmático, el dieciochero retirado Sleepy tiene su opinión:
“Juntarlos ahora sería tan absurdo como en su momento fue separarlos”.
Puede leer el artículo completo en El Faro
Fuentes: El Faro, Signos de estos Tiempos
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