Una estrategia que puede terminar en un desastre.
Se ha alcanzado un acuerdo entre los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán en México y el ejército, en una especie de privatización del combate contra el crimen organizado, ya que el estado ha fallado en su labor. Sin embargo, la experiencia que han tenido Colombia, Guatemala y Perú con la legitimación de estos grupos paramilitares ha sido funesta, y los mexicanos harían bien en reflexionarlas.
Los grupos de autodefensa de Michoacán nacieron de forma espontánea – no existe un marco militar, no existe una formación -, para combatir al cartel de Los Caballeros Templarios que asola Michoacán, el que surgió a partir de una división de la Familia Michoacana, imponiendo a la población secuestros, violaciones, asesinatos, que tuvieron un saldo de tan sólo 990 muertes en 2013.
Lea nuestro artículo anterior: La tentación de los grupos de autodefensa civiles para combatir el crimen
ACUERDOS CON TÉRMINOS VAGOS
La intención del acuerdo es que las autodefensas ofrezcan una lista de los miembros, armamento de poseen, y que las armas de guerra de calibre superior a las necesidades de defensa, sean sustituidas por otras de menor potencia de fuego, y que coordinen las acciones con las fuerzas del orden. A cambio recibirán legitimidad, equipo técnico, transporte y dinero público.
Estos son en esencia, los términos del acuerdo entre el gobierno mexicano y las milicias armadas – las Autodefensas Unidas de como se les llama – que se formaron en el estado de Michoacán (centro-oeste del país), uno de los más violentos de México. El acuerdo cubrirá ocho puntos en que las milicias operan en el territorio, que, según sus dirigentes, cuentan con 25.000 hombres armados.
Pero varios puntos de la ley son de cierta forma vagos. Ésta dice que pueden trabajar con la policía municipal, pero no los obliga a ser parte de la policía. Les exige registrar sus armas con el ejército, pero no dice si pueden quedarse con sus armas, ni qué tipo de armas deben registrar (la ley mexicana permite a los ciudadanos portar un arma hasta de calibre .38)
El gobierno también afirma que ayudará a las autodefensas con sus actividades, pero no delimita claramente lo que implican estas actividades. De hecho, sigue siendo la pregunta principal: ¿Qué harán exactamente los Cuerpos de Defensa Rurales, como se les llama ahora? ¿Cuál es su rol y jurisdicción?
Por supuesto, todo esto necesitará ser definido más claramente por medio de una legislación más formal, presuntamente a nivel nacional, pues las milicias ya están infringiendo varias leyes y poniendo al gobierno actual en un terrible dilema de relaciones públicas: ¿Cómo se apoya una estrategia paramilitar sin admitir que se ha fallado como gobierno?
LA POSICIÓN DE LA IGLESIA
Hay que decir que la Iglesia no ve con buenos ojos la alianza gobierno-autodefensas. No considera adecuado que las milicias voluntarias hagan justicia con mano propia. El arzobispo de Morelia, capital de Michoacán, Alberto Suárez Inda, no duda en calificar de inconstitucional las autodefensas. Pero reconoce que
«hay momentos en que las personas han recurrido a este medio para movilizarse, como último recurso.»
Para desarmar las autodefensas exige que
«primero las autoridades quiten las armas de las manos de aquellos que amenazan la paz del pueblo.»
La Iglesia no se salvó por la arrogancia de los Templarios. Varios sacerdotes de Michoacán fueron amenazados. Como lo demuestra la foto ahora famoso del sacerdote que celebra la misa con el chaleco antibalas, Gregorio López, pastor de una parroquia en Apatzingán, de 80 mil habitantes, una de las ciudades más violentas de la región, el centro de operaciones de los Caballeros Templarios de acuerdo a laa autodefensas.
«La Iglesia es la única institución que los templarios no fueron capaces de tomar» analiza otro sacerdote del lugar, Adrián Vázquez Alejandrez.
«Al principio no fue sólo culpa del gobierno» reconoce.
«Todos tenemos la culpa: solíamos quedarnos en silencio, sólo susurrando. Durante años y años, hemos dejado a (Los Templarios para resolver todo».
LOS CASOS FALLIDOS DE COLOMBIA, GUATEMALA Y PERÚ
Si el gobierno de México considera que la “legalización” de los grupos de autodefensas, en el asediado estado de Michoacán, resolverá sus problemas de seguridad ciudadana, debería observar con más detenimiento a los otros tres países de la región – Colombia, Guatemala y Perú – que probaron proyectos similares, bajo circunstancias similares, y obtuvieron terribles resultados.
El Congreso de México deberá considerar cuidadosamente los esfuerzos de tres de sus vecinos, los cuales crearon unidades paramilitares legales para ayudarlos con sus propios problemas de seguridad. Entre ellos, Guatemala fue el más grande en términos per cápita. Las llamadas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) contaban con entre 500.000 y un millón de miembros en su apogeo, un número increíble, considerando que la población del país no superaba los diez millones en ese entonces.
Las PACs no estaban realmente definidas colectivamente por una ley, sino por muchas, y estaban dirigidas por déspotas militares, haciendo que su operación fuera de alguna manera arbitraria y, en últimas, brutal. De hecho, los comandantes del ejército que controlaron las PACs, las utilizaron para torturar, asesinar y delatar a sus vecinos sistemáticamente, a menudo a punta de pistola. Después de la guerra, el informe del Arzobispo afirmó que las PACs, junto con el ejército, estuvieron involucradas en 1.799 violaciones a los Derechos Humanos y en 342 masacres.
En Perú, el gobierno hizo un esfuerzo más concertado para colocar a las Rondas Campesinas bajo una estructura legal, las cuales estaban parcialmente basadas en los históricos grupos de “vigilancia comunitaria”, que habían operado durante años en las comunidades indígenas.
Las leyes incluían suministrar armas a los grupos – un decreto legislativo de 1991 incluso permitió la adquisición de escopetas calibre 12. Así como en Guatemala, el ejército utilizó a las Rondas en su guerra sucia contra los insurgentes, aunque no de una forma tan espectacular y masiva, poniéndolas a menudo en situaciones de riesgo. Las Rondas se convirtieron en un blanco fácil para Sendero Luminoso, el brutal grupo guerrillero de Perú, el cual masacró a cientos de campesinos cuando el ejército dejó sus pueblos.
Quizás el ejemplo más claro de cómo no administrar milicias apoyadas por el Estado viene de Colombia, donde las llamadas Convivir estuvieron cobijadas por una ley más amplia de seguridad privada, la cual proporcionaría el pilar de lo que se convertiría en la fuerza paramilitar más grande de la región.
Bajo el nombre de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estos mismos grupos paramilitares se convirtieron en representantes del ejército estatal, cometieron masivos abusos contra los Derechos Humanos, y se convirtieron en la organización de narcotráfico más grande del hemisferio. Vea el Perfil de las AUC.
El tiempo ha ayudado a que las autoridades judiciales dicten fallos, tanto sobre los paramilitares que cometieron algunas de estas atrocidades, como sobre las políticas que ayudaron a constituir estas estructuras mortales en primer lugar.
En la reciente decisión de condenar al detenido líder paramilitar Ever Veloza García alias “HH”, una corte de Bogotá afirmó que la política de las Convivir había permitido que
«los grupos paramilitares consolidaran y expandieran sus redes criminales y sus nexos con sectores económicos, políticos y estatales».
Considerando ésta historia, es interesante que Colombia haya proporcionado a México entrenamiento y consultores de alto nivel, incluyendo al antiguo director de la elogiada policía de Colombia, Oscar Naranjo, quién regresó para ayudar al gobierno colombiano a negociar un acuerdo de paz con el grupo guerrillero del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Hay pocos indicios de que Colombia haya transmitido el “secreto” paramilitar a los mexicanos. De hecho, Naranjo sabe mejor que muchos el daño que pueden causar en el largo plazo.
Después de que las AUC se desmovilizaran y firmaran su propio acuerdo de paz con el gobierno, surgieron docenas de grupos paramilitares más pequeños. El gobierno los ha llamado Bandas Criminales o BACRIM, con el fin de disfrazar su origen.
Desde entonces, las BACRIM han arrastrado al país hacia otra brutal fase de la guerra, en la que el grupo que emergió como el más poderoso, los Urabeños, tiene sus raíces en el grupo paramilitar original, las AUC.
La experiencia de estos países latinoamericanos sirven como moraleja, y no deben ser tomados a la ligera por los legisladores mexicanos a medida que avanzan con la formalización de las autodefensas de Michoacán.
Fuentes: Terre d’America, Insight Crime, Signos de estos Tiempos
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