La Iglesia colabora con la investigación.
El 26 de septiembre de 2014, testigos vieron que policías y criminales dispararon contra varios ómnibus de los que se habían tomado los estudiantes para regresar desde Iguala, a donde habían ido a recaudar fondos, hasta su escuela cercana a Chilpancingo, capital regional; esto es el Estado de Guerrero. En esos tiroteos murieron seis personas, tres de ellas estudiantes, y se reportó la desaparición de otros 43 alumnos, muchos de los cuales fueron vistos por última vez capturados en patrullas policiales.
El Padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos humanos y director de la Casa del Migrante, dijo que los 43 estudiantes del Colegio de profesores de Ayotzinapa, Iguala, fueron quemados vivos. El clérigo dijo que los niños fueron colocados en una pila de madera y prendieron fuego cuando aún estaban vivos.
Las autoridades de México han acusado esta semana al ex alcalde de Iguala de ordenar el ataque contra los 43 estudiantes; otra revelación sobre la profundidad de la complicidad oficial con el crimen organizado en la región.
LOS SUCESOS
Según fuentes de la Conferencia Episcopal Mexicana, el 26 de septiembre, alrededor de 80 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de la ciudad de Ayotzinapa en Iguala, estado de Guerrero, se estaban organizando para recaudar fondos para pagar los gastos de la Escuela Normal, que en las zonas rurales es la única referencia educativa y donde a menudo se forman los grupos dirigentes de la oposición.
Cuando salían de Iguala, algunas patrullas de la policía municipal intentaron detener el convoy de autobuses, que no se detuvo, por lo que los agentes comenzaron a disparar. Poco después, cuando algunos de los estudiantes habían organizado una conferencia de prensa para denunciar la violencia, otros hombres vestidos de civil, reconocidos por muchos como parte de la policía municipal, atacaron de nuevo al grupo.
El balance de ambas agresiones inicialmente era de seis muertos, tres de ellos estudiantes y veinte heridos. Cincuenta y siete estudiantes fueron detenidos por hombres armados. Al menos veinte de ellos, según testigos presenciales, fueron cargados por la fuerza en los camiones por agentes de la policía municipal. Al final la cifra de desaparecidos fue de 43.
EX ALCALDE ACUSADO
En una conferencia de prensa el 22 de octubre, el procurador general de México Jesús Murillo Karam, dijo que José Luis Abarca Velázquez -el alcalde de la ciudad de Iguala, en Guerrero- y su esposa ordenaron los ataques contra los estudiantes porque estaban planeando protestar en un evento organizado por el gobierno de la ciudad, informó el Universal.
La investigación de la Procuraduría General de México (PGR) reveló que los estudiantes habían sido detenidos por la policía, y luego entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. Los estudiantes presuntamente fueron llevados a un lugar cerca de la residencia de un miembro de alto rango de Guerreros Unidos, conocido como «El Gil». Hasta el momento, las autoridades han encontrado nueve fosas clandestinas cerca de este lugar, con 30 cadáveres que aún no han sido identificados, informó Milenio.
Según Karam, un líder capturado de Guerreros Unidos dijo a las autoridades que la esposa del alcalde -que trabaja junto al director de seguridad pública de la ciudad- era la principal operadora política de la banda. Karam también dijo que la alcaldía realizaba pagos regulares de entre US$150.000 y US$225.000 a Guerreros Unidos, a cambio de su colaboración. La banda gastó unos US$45.000 de este dinero para sobornar a la fuerza de policía local.
El alcalde, su esposa, y el director de seguridad pública de la ciudad siguen prófugos.
Aunque el caso de Iguala ha capturado la atención de la opinión pública debido a la aterradora escala del ataque, está lejos de ser el único. Hace apenas un mes, una alcaldesa en el estado de Michoacán fue acusada de contratar a sicarios del grupo criminal los Caballeros Templarios, con el fin de matar a alguien con quien ella había tenido una disputa personal.
PADRE SOLALINDE: «LOS MUCHACHOS DESAPARECIDOS FUERON QUEMADOS VIVOS»
El Padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos humanos y director de la casa del migrante, dijo que los 43 estudiantes del Colegio de profesores de Ayotzinapa, Iguala, en el estado sureño de Guerrero, desaparecidos el 26 de septiembre, fueron quemados vivos. El clérigo dijo que los niños fueron colocados en una pila de madera y prendieron fuego cuando aún estaban vivos.
«El gobierno sabe esto desde el principio. Es sólo que no quería admitirlo», dijo el P. Solalinde. El padre añadió que el gobierno no permite que los expertos trabajen libremente en la investigación, lo que plantea serios obstáculos.
El clérigo ha confirmado que cuatro testigos le dijeron que los niños fueron quemados y enterrados en una fosa común. No sólo eso, sino que los testigos también han dibujado un mapa del lugar donde se puede encontrar los cuerpos quemados de los niños.
El lunes pasado el padre Solalinde acompañado de un abogado fue al juez para dar su testimonio, pero no fue recibido. Lo volverá a intentar en los próximos días.
Como parte de la investigación han sido detenidas 53 personas de las cuales 36 son de la policía municipal y 17 son miembros del grupo criminal del estado de Guerrero.
GUERREROS UNIDOS, UNA NUEVA CARA DEL CRIMEN ORGANIZADO EN MÉXICO
La reciente masacre de unos manifestantes estudiantiles en el turbulento estado de Guerrero ha arrojado luz sobre los Guerreros Unidos -la organización criminal que presuntamente está tras los asesinatos.
El 5 de octubre el procurador del estado de Guerrero, Iñaky Blanco, señaló a la prensa que la policía local había entregado a más de 17 estudiantes que protestaban al grupo criminal de los Guerreros Unidos, un grupo escindido de la Organización Beltrán Leyva (OBL). El anuncio estuvo acompañado del descubrimiento de una fosa común con 28 cuerpos cerca de lugar en el que fueron asesinados los estudiantes. Este hecho despertó temores por la muerte de algunos de los 43 estudiantes desaparecidos tras la protesta del 3 de octubre en Iguala, Guerrero.
Desde que ocurrió la masacre, se ha hecho pública información que vincula al alcalde de Iguala, José Abarca Velázquez, al grupo criminal responsable de los asesinatos.
Un informe interno del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) fechado el 1 de octubre, señala que el cuñado de Abarca Velázquez es el jefe de los Guerreros Unidos en Iguala, informó El Universal. Según el informe, Abarca tiene todavía más vínculos con el crimen organizado en la región: otros dos cuñados eran miembros de la OBL, mientras que su suegra habría trabajado para Arturo Beltrán Leyva, el líder de este grupo narcotraficante, hasta que fue abatido por las fuerzas de seguridad en 2009.
La participación de los Guerreros Unidos en este caso pone de relieve una tendencia en curso en México: los grandes carteles del narcotráfico están siendo reemplazados por grupos criminales más pequeños, que buscan fuentes de ingresos diversas en lugar de depender únicamente del tráfico transnacional de drogas. La fragmentación del mundo criminal de México sigue un patrón visto anteriormente en Colombia, en el que un número creciente de pequeños grupos criminales hacen uso de la extorsión, el microtráfico y el sicariato como fuentes de ingresos.
Los Guerreros Unidos, un grupo que se separó de la OBL tras el asesinato de Arturo Beltrán Leyva en 2009, es considerado un «mini” cartel y está involucrado en el tráfico de drogas, pero actualmente está especializado en la extorsión y el secuestro. Tras la detención del líder del grupo Mario Salgado Casarrubia, alias «Sapo Guapo», el grupo criminal -que según un funcionario mexicano llegó a ser el principal proveedor de marihuana de la ciudad Chicago- se fragmentó y tuvo que recurrir a otras actividades criminales como fuentes de ingresos.
Fuentes: Insight Crime, Misna, Signos de estos Tiempos
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