La reingeniería social que asola las américas.
Más del 60 por ciento de la población de Uruguay cree que la ley de marihuana del país debe ser derogada, indicando una continua oposición generalizada a la legalización de la droga, mientras el gobierno sigue adelante el proceso de implementación de la nueva legislación.
El mal de gobernar contra lo que la población desea es algo que se ha vuelto costumbre en las Américas, y este es un verdadero signo de los tiempos en esta región.
Uruguay se ha convertido en el primer país del mundo en legalizar y tratar de regular todos los aspectos del mercado de la marihuana que se consume con fines recreativos -la producción, la venta y el consumo.
La nueva ley, que el presidente Mujica ha enmarcado en parte como una forma para combatir el tráfico de drogas, permitirá la producción de hasta 22 toneladas de marihuana al año y la venta de la droga en las farmacias.
EL GOBIERNO NO TOMA EN CUENTA LA OPINIÓN DE LA POBLACIÓN
En una reciente encuesta realizada por la consultora CIFRA, el 64 por ciento de los encuestados se opusó a la ley que legaliza la marihuana, y el 62 por ciento consideró que la legislación debe ser derogada lo antes posible, en lugar de esperar hasta que se haya implementado para determinar su impacto.
Pero lo que es peor, que esa opinión mayoritaria se ha consolidado en los mismos guarismos desde que se lanzó el proyecto hace dos años.
La encuesta más reciente indica que a pesar de los esfuerzos del gobierno para construir el apoyo, aún sigue siendo generalizada la oposición a la legislación. El porcentaje de los encuestados que se oponen a la ley de marihuana se ha mantenido relativamente constante en los últimos dos años, con un 66 por ciento contra el proyecto de ley en julio de 2012 y un 64 por ciento en contra, en diciembre de ese año.
Y aún peor es que el mismo día que se dieron a conocer los resultados de la última encuesta, el presidente José Mujica señaló a la cadena de televisión alemana Deutsche Welle que los efectos de la legislación no serían visibles al menos hasta dentro de dos años, debido a las dificultades para regular el mercado existente de la marihuana.
“Hay 150.000 consumidores”, dijo el presidente. “Queremos sacarlo de la sombra, de la clandestinidad a ese mercado, para golpearlo en la razón económica».
Semanas antes, Mujica había dicho que la venta legal de marihuana -uno de los elementos de la ley aprobada por la legislatura del país en diciembre de 2013- no comenzará hasta algún momento en 2015debido a «dificultades prácticas».
LOS PROBLEMAS DE LA PUESTA EN PRÁCTICA
Parece que la lentitud del proceso de puesta en marcha se debe a temas burocráticos internos.
El presidente de la junta directiva del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), el sociólogo Augusto Vitale, afirmó que si bien se está trabajando para llegar a vender marihuana según los plazos establecidos, esto será difícil de concretar.
«Nuestra idea es trabajar con lo que se ha anunciado, con los plazos para llegar a fin de año con la producción para la dispensación en farmacias, pero ocurre que en el desarrollo de este tipo de producción en estos terrenos fiscales hay tiempos biológicos que no se pueden modificar».
El sociólogo explicó que se está priorizando el registro de las actividades que actualmente están habilitadas por la propia ley.
Cuando el Ircca haga efectivos los registros, dijo, los autocultivadores tendrán 180 días para inscribirse en ellos.
«Esos registros no se han creado aún porque se está actuando en la elaboración del sistema que va a sostener toda la información y que centraliza, en una visión general, el Ircca. La generación de ese sistema de software ya está encaminada a través de una empresa de plaza», agregó.
BAJO LA LUPA
El alto porcentaje de los uruguayos que quiere revocar la ley, ejercerá una gran presión sobre el gobierno para demostrar resultados positivos después de su implementación el próximo año.
Casi el 40 por ciento de los encuestados en un reciente estudio del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) vio la ley como una herramienta para prevenir el delito y luchar contra el tráfico de drogas, lo que significa que el gobierno probablemente tendrá que mostrar índices de criminalidad en descenso si la política busca ganar apoyo público.
No obstante, el escaso apoyo que hay actualmente puede no ser un gran problema, ya que el partido gobernante, el conglomerado de la izquierda Frente Amplio, en el pasado ha demostrado ser capaz de pasar una legislación impopular, y luego hacer cambiar la opinión pública, como respecto al ‘matrimonio’ entre personas del mismo sexo y a la ley del aborto.
Fuentes: Insight Crime, El País, Signos de estos Tiempos
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