Hobby Lobby no está obligado a cubrir abortivos en el seguro de salud de sus empleados.
La Corte Suprema de EE.UU. dictaminó el lunes que los propietarios de las empresas privadas (tratando el caso de Hobby Lobby) pueden objetar por motivos religiosos una disposición del presidente Barack Obama de la ley de salud que obliga a los empleadores a proporcionar un seguro que cubre el control de la natalidad para las mujeres. La decisión, se aplica a un pequeño número de empresas familiares o de capital cerrado, pero tiene grandes implicaciones para otros pleitos que se están sustanciando y para la libertad religiosa en general.
En una votación de 5-4 a lo largo de líneas ideológicas, los jueces dijeron que las empresas pueden solicitar una exención del mandato denominado control de la natalidad de la ley conocida como Obamacare. Las empresas en el caso, dijeron que no se oponen a todo control de la natalidad, pero ciertos métodos dijeron eran equivalentes al aborto, y se oponen por razones religiosas.
El presidente del Tribunal Supremo John Roberts y los jueces Samuel Alito, Antonin Scalia, Clarence Thomas y Anthony Kennedy, votaron a favor de la libertad religiosa. Votaron por la minoría: Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor, Stephen Breyer y Elena Kagan.
La cadena Hobby Lobby, con más de 500 sucursales en 41 estados, se enfrentaba a una multa de 100 dólares por día por empleado o sea 1.3 millón de dólares en multas diarias por violar el “mandato contraceptivo”.
Este fallo de la Corte y la discusión general rebasa el ámbito interno de EE.UU., porque se inserta en el conflicto global que actualmente han desatado los liberales e izquierdistas para imponer su agenda de transformación la moral del mundo.
En su última decisión, los magistrados determinaron por primera vez que empresas con fines lucrativos pueden hacer reclamaciones en virtud de una ley federal de 1993 llamada Ley de Restauración de la Libertad Religiosa que fue promulgada para proteger la libertad religiosa.
En la opinión de la mayoría, el juez conservador Samuel Alito dijo que era difícil distinguir entre sociedades anónimas cerradas y las personas que las poseen. La ley de libertad religiosa no tenía la intención de discriminar
«contra los hombres y mujeres que desean manejar sus negocios con fines de lucro en la forma requerida por sus creencias religiosas», escribió.
FRENO AL AFÁN LIBERAL DE ARRASAR CON LOS QUE NO PIENSAN IGUAL
La decisión en el caso Hobby Lobby ayuda a evitar que los progresistas alcancen su objetivo de hacer de las personas religiosas ciudadanos de segunda clase en una sociedad regida por los valores seculares.
Este es un muy buen resultado. Sin él los empresarios religiosos serían vulnerables a presiones intolerables.
En un pasaje clave, la mayoría señala que la interpretación de la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA) de excluir empresas con fines lucrativos
«permitiría al Gobierno exigir a todos los empleadores proporcionar cobertura a un procedimiento médico para abortos de tercer trimestre o el suicidio asistido. Los propietarios de sociedades anónimas cerradas no podrían en conciencia proporcionar dicha cobertura, y por lo tanto el mandato HHS (Obamacare) excluiría de hecho a estas personas de una participación plena en la vida económica de la Nación».
El término clave es «participación plena». La mayoría de la Corte tomó esta decisión por motivos legales. Eso es lo que hacen los jueces. Pero también tienen en cuenta el contexto social y político más amplio. En este caso, la mayoría reconoce que el mandato de anticonceptivos, conocido con el eufemismo «salud de las mujeres», es parte de una agenda social controvertida más amplia, que incluye la promoción del aborto.
En estas circunstancias, la mayoría se preocupa para balancear el deseo de cualquier agenda social, conservadora o progresista, de obtener el control del poder del gobierno para demoler a la oposición e imponer la dimmitud (convertir en ciudadanos de segunda categoría) a los que se niegan a cumplirla.
Esto es por qué es tan importante proteger a empresas con fines lucrativos. Si los progresistas imponen su punto de vista de la moralidad como una condición previa para la tenencia o gestión de una empresa, de hecho poseerían una muy poderosa arma demoledora.
LA COLISIÓN ENTRE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LA DICTADURA LIBERAL
En la opinión de la minoría, la jueza Ginsburg se centra en el mismo tema y habla en términos aún más amplios. Advierte de los peligros para la República, y llega a la conclusión opuesta.
En lugar del espectro de empresas que se ven obligadas a pagar por abortos del tercer trimestre, se preocupa acerca de cómo los ‘cristianos nacidos de nuevo’ organizan sus negocios en torno a los principios bíblicos sobre el sexo y el matrimonio y se niegan a emplear «a los fornicarios y a los homosexuales».
Ella se estremece al pensar que los defensores de derechos de los homosexuales no van a tener todo el poder del gobierno a su disposición para obligar su cumplimiento. Ella sugiere que las personas que disienten no deben tener, lo que la mayoría llama, «la participación plena en la vida económica de la Nación».
Los que no opinan como el gobierno deben ser considerados dhimmis (ciudadanos de segunda categoría).
Está llegando una colisión entre la libertad religiosa y los derechos de los homosexuales, como Ginsburg intuye con razón. No va a ser fácil, y Ginsburg también plantea exactamente la pregunta correcta. «¿que creencias religiosas son dignas de consideración y cuáles no?»
¿Los jueces permitirán que la censura de los actos homosexuales y la oposición al matrimonio gay sean actos razonables? ¿Ellos verán que permitir a los fotógrafos y los fabricantes del pastel de bodas que no opten por un régimen obligatorio de afirmación gay no es ni perjudicial ni una carga para los que piensan de otra manera?
En pocas palabras, ¿los jueces considerarán la oposición al matrimonio gay y otros aspectos de los derechos de los homosexuales como nada más que fanatismo vestido con disfraz religioso?
Las batallas legales continuarán. Pero si vamos a resistir la dimmitud (ser ciudadanos de segunda categoría), las batallas culturales son las más importantes. Hay que demostrar que la oposición a los intentos progresistas para redefinir el matrimonio y transformar la moral sexual, se basa y está motivado, por una preocupación por el bien común.
Fuentes: Reuters, First Things, Signos de estos Tiempos
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