Un sistema que criminaliza a los disidentes, especialmente a la religiosidad.

 

El nuevo modelo dictatorial que está surgiendo en occidente no es tan centralizado como el de las dictaduras tradicionales, que tiene una cabeza que dirige todo según su designio, sino que se basa en el manejo que hacen los políticos y las burocracias estatales y supra nacionales de grupos de interés (musulmanes, homosexuales, pro aborto, feministas) protegiéndolos a través de leyes y dándoles especial preferencia para que crezcan.

 

intolerencia contra cristianos

 

Esto resulta en una dictadura que se basa en leyes contra la tolerancia y la discriminación, pero que resulta poco visible para las grandes masas y más fácil de legitimar por parte de los medios de comunicación del sistema.

Y es funcional para estos grupos de interés y para los políticos que les “abren la puerta”, porque se apoyan mutuamente y aumentan su poder.

Tal sistema ya está relativamente operativo en los países centrales, que pretenden expandirlo a los márgenes de occidente a través de la diplomacia, la ayuda económica y los organismos internacionales.

La libertad de expresión religiosa está en el centro del ataque, y ya no se podrá defender si no se opta por el modelo del lobby que han usado las feministas, los homosexuales y  los musulmanes. Es vital entonces que el cristianismo comience una campaña para demostrar que es una minoría especialmente discriminada por intolerantes en occidente y hacer lobby para protegerlo. Es un tema a discernir.

HACIA LA ABOLICIÓN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Ahora hay una propuesta en la Unión Europea, que legalizaría totalmente este modelo.

Mientras que los líderes europeos están ocupados expresar la indignación pública por los informes de las operaciones de espionaje estadounidenses en la Unión Europea, el Parlamento Europeo está considerando en silencio una propuesta que exige la vigilancia directa de cualquier ciudadano de la UE sospechoso de ser «intolerante».

Los críticos dicen que la medida – que trata de obligar a los gobiernos nacionales de los 28 Estados miembros de la UE a establecer «unidades administrativas especiales» para controlar a cualquier individuo o grupo que exprese puntos de vista que los autoproclamados guardianes del multiculturalismo europeo consideren «intolerantes» – representa una amenaza sin precedentes a la libertad de expresión en una Europa donde los ciudadanos ya están castigados con regularidad para expresar las opiniones «equivocadas», en especial sobre el Islam, sobre la homosexualidad y sobre el aborto.

EL PROYECTO

El proyecto de Estatuto Marco Nacional Europeo para la Promoción de la Tolerancia fue presentado recientemente a los miembros del Comité de Libertades Civiles y Justicia del Parlamento Europeo, el único órgano elegido por sufragio directo de la Unión Europea.

La propuesta de política fue elaborada por el Consejo Europeo sobre la Tolerancia y la Reconciliación (ECTR), una organización no gubernamental creada en París en 2008 por el ex presidente de Polonia, Aleksander Kwasniewski, y el presidente del Congreso Judío Europeo, Moshe Kantor.

El ECTR – que se describe como un «perro guardián de tolerancia» que «prepara recomendaciones prácticas para los gobiernos y las organizaciones internacionales en la mejora de las relaciones interreligiosas e interétnicas en el continente» – incluye en su equipo más de una docena de prominentes políticos europeos, entre ellos el ex presidente español José María Aznar.

El ECTR primero presentó su propuesta de una Ley de ámbito europeo sobre la tolerancia al Parlamento Europeo en noviembre de 2008 como parte de la Semana Europea de la Tolerancia, que marcó el 70 aniversario de la Kristallnacht, la noche de violencia antisemita, cuando comenzó el Holocausto judío en Alemania.

Después de cinco años de cabildeo en pasillos del poder de Europa, la propuesta ECTR parece estar avanzando, como lo demuestra la reciente decisión del Parlamento Europeo para dar al grupo un espacio de 45 minutos para presentar su propuesta a la Comisión de Libertades Civiles de septiembre 17.

También conocido como el «Estatuto Modelo para la Tolerancia», la propuesta del ECTR fue presentada como parte de los trabajos en curso de la UE hacia una nueva «Directiva de Igualdad de Trato» (DIE) que ampliará enormemente el alcance de la discriminación a todos los sectores de la vida tanto en lo público y en lo privado.

PRINCIPALES CRÍTICAS

Los críticos de la DIE, actualmente en proceso de negociación en el Consejo de la Unión Europea, dicen que la Directiva tiene por objeto establecer un concepto mal concebido de la «igualdad de trato» como principio horizontal que rige las relaciones entre todos y cada uno, lo que interfiere con el derecho de la libre determinación de todos los ciudadanos.

Según Dignity Watch Europe , una organización de derechos civiles con sede en Bruselas,

Los principios de libertad de contratación y la libertad de vivir de acuerdo a las propias opiniones morales personales están en peligro de ser sustituidas por un concepto nuevo de la «igualdad». Sería atentar contra la libertad y la libre determinación de todos los europeos y someter la vida privada de los ciudadanos a la inseguridad jurídica y el control de los burócratas. Se trata de control gubernamental del comportamiento social de los ciudadanos. Estas tendencias empiezan a dar la impresión de ideas totalitarias que constituyen un ataque sin precedentes a los derechos de los ciudadanos.

LA ADECUADA VAGUEDAD DE LOS CONCEPTOS

Cuando se ve en el contexto más amplio de la DIE, el documento ECTR es tan audaz en su alcance, y al mismo tiempo tan vago en la definición de su terminología, que los críticos dicen que la propuesta, en caso de aplicarse, podría abrir la caja de los abusos de Pandora, cerrando efectivamente el derecho a la libertad de expresión en Europa.

De acuerdo a la Sección 1 (d), por ejemplo, el término «tolerancia» se define en términos generales como

«el respeto y la aceptación de la expresión, la preservación y el desarrollo de la identidad diferenciada de un grupo.»

La Sección 2 (d) establece que el propósito de la ley es

«condenar todas las manifestaciones de intolerancia basadas en parcialidad, fanatismo y prejuicios.»

Una nota explicativa al artículo 2 establece: «La intolerancia religiosa se entiende que cubre la islamofobia», pero no define en absoluto de «islamofobia», un término inventado por los Hermanos Musulmanes en la década de 1990. Si lleva a su conclusión lógica, Sección 2 presumiblemente prohibiría todo escrutinio crítico del Islam y la ley islámica Sharia, un objetivo clave de los grupos de activistas musulmanes durante más de dos décadas.

EL ARGUMENTO DE LA TOLERANCIA

El documento también declara que

«la tolerancia debe ser practicada no sólo por los organismos gubernamentales, sino igualmente por los individuos

La Sección 3 (iv) elabora sobre esto:

«La garantía de la tolerancia debe ser entendida no sólo como una relación vertical (de gobierno a las personas), sino también como una relación horizontal (de grupo a grupo y de persona a persona). Es la obligación del gobierno asegurar que la intolerancia no se practique ni en vertical ni en las relaciones horizontales».

De acuerdo a la Sección 4 (f) (i) del documento:

«No hay necesidad de ser tolerante a los intolerantes Esto es especialmente importante en lo que se refiere a la libertad de expresión«. 

La Sección 5 (a) establece:

«La tolerancia (como se define en la Sección 1 (d)) se deben garantizar a cualquier grupo, ya tenga raíces sociales de larga data o se formó recientemente, sobre todo como resultado de la migración del extranjero

SISTEMA PARA PROTEGER ESPECIALMENTE A ALGUNOS GRUPOS

La Sección 6 establece:

«No hace falta decir que la promulgación de un Estatuto para la promoción de la tolerancia no es suficiente por sí misma, debe haber un mecanismo que garantice que el Estatuto no se quede en el papel y se aplica realmente en el mundo de la realidad«.

Una nota explicativa a la Sección 6 (a) establece que:

«Los miembros de los grupos vulnerables y desfavorecidos, tienen derecho a una protección especial, además de la protección general que tiene que ser proporcionada por el Gobierno a todas las personas dentro del Estado.» 

Otra nota añade:

«La protección especial que se otorga a los miembros de los grupos vulnerables y desfavorecidos, puede implicar un trato preferencial. Estrictamente hablando, este trato preferencial va más allá del mero respeto y aceptación que yace en la raíz de la tolerancia».

UNA ESTRUCTURA REPRESORA

La Sección 6 (b) exige que cada uno de los 28 estados miembros de la UE

«cree una unidad administrativa especial con el fin de supervisar la aplicación del presente Estatuto«. Una nota explicativa añade: «La Unidad Administrativa Especial debería funcionar preferentemente en el Ministerio de Justicia (aunque el Ministerio del Interior es otra posibilidad razonable).»

En la Sección 6 (c) se pide el establecimiento de una

«Comisión Nacional de Seguimiento de la Tolerancia como órgano independiente – compuesta por personalidades de fuera de la función pública – investida de la autoridad para promover la tolerancia.» 

Una nota explicativa añade:

«La Comisión independiente tendrá la facultad de expresar sus puntos de vista sobre la aplicación del Estatuto de todos los interesados. L?a implementación en este contexto incluye (pero no se limita a) la imposición de sanciones penales.».

LOS DELITOS PUNIBLES

La Sección 7 (a) dice:

«Los siguientes actos serán considerados como delitos punibles como delitos agravados: Incitación a la violencia contra un grupo y calumnia contra un grupo».

Difamación de grupo se define en términos generales como:

«comentarios difamatorios hechos en público y dirigidos contra un grupo o a sus miembros con el fin de incitar a la violencia, calumniar al grupo, exponiéndolo al ridículo, o sometiéndolo a falsas acusaciones».

EL ESTADO PROMOCIONA LOS PLEITOS LEGALES

El párrafo 7 (e) establece que

«las víctimas de los delitos enumerados en el párrafo (a) tendrán capacidad jurídica para presentar una demanda contra los responsables, así como el derecho a una reparación.» 

El párrafo 7 (f) establece que

«se ofrecerá asistencia jurídica gratuita a las víctimas de delitos enumerados en el párrafo (a), con independencia de la calificación en términos de su pobreza».

EDUCACIÓN Y SISTEMA DE REEDUCACIÓN

La Sección 7 (b) establece que

«Los menores condenados por la comisión de delitos enumerados en el párrafo (a) estarán obligados a someterse a un programa de rehabilitación diseñado para inculcar en ellos una cultura de la tolerancia.» 

La Sección 8 establece que

«el gobierno debe garantizar que: (a) Las escuelas, desde el nivel primario del sistema educativo, presentarán cursos ayudando a los alumnos a aceptar la diversidad y la promoción de un clima de tolerancia en cuanto a las cualidades y las culturas de los demás.» 

Una nota explicativa añade:

«Es muy importante comenzar estos cursos tan pronto como sea posible en el programa educativo, es decir, en la escuela primaria, estos cursos deben ser ofrecidos también en los niveles más altos de educación, hasta e incluyendo las universidades».

EL USO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL MODELO

La Sección 9 (a) establece que:

«El Gobierno se asegurará de que las estaciones de radiodifusión pública (televisión y radio) dedicarán un porcentaje determinado de su programa para la promoción de un clima de tolerancia».

La Sección 9 (b) añade:

«El gobierno debe alentar a todos los medios de comunicación de propiedad privada (incluyendo la prensa escrita) para promover un clima de tolerancia.»

La Sección 9 (c) establece que:

«El gobierno debe alentar a todos los medios de comunicación (públicos y privados) a adoptar un código ético de conducta, lo que evitará la propagación de la intolerancia y será supervisado por una comisión de denuncias de medios de comunicación.»

UNA NUEVA CLASE DE DESFAVORECIDOS DECIDIDA BUROCRATICAMENTE

El documento, de ser adoptado por el Parlamento Europeo en su forma actual, entre otros problemas, establecería un derecho a la libertad de sentimientos heridos, a expensas de la libertad de palabra y de expresión.

En la práctica, dicen los críticos, la definición muy subjetiva de los términos y conceptos como «tolerancia», «discriminación», «vulnerable» y «desfavorecido», viene a ser una camisa de fuerza legal que promoverá litigios frívolos dirigidos a silenciar a las personas y grupos , o la búsqueda de circunloquios para evitar violar estos principios.

«Los grupos basados en la fe y las escuelas, los adherentes de una religión en particular o incluso los padres que quieren enseñar a sus hijos ciertos valores morales, se pondrían bajo sospecha de ser intolerantes», según el Observatorio de la Dignidad Europea .

«Lo que es peor, si es consagrado como política de la UE, tal lenguaje también podría dar lugar a la posibilidad de que se presenten cargos poco claros o incluso sin base legal. El resultado escalofriante de esto sería la disminución dramática (y la posible desaparición) de la libertad fundamental de expresión – los individuos y los grupos se autocensurarán, temerosos de que pudieran ser perseguidos por expresar sus propias opiniones morales personales», afirma la ONG en un comunicado.

«Los autores de este proyecto de ley – en el marco de una ONG internacional para la tolerancia y la reconciliación – han invitado a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que lo avalen como un proyecto legal. Pero no sólo la adopción de esta ley a nivel nacional de los Estados europeos será un paso atrás importante «, concluye el comunicado, «sino la vigilancia supranacional que implicaría sin duda un día negro para la democracia europea».

Fuentes: Gatestone Institute, Signos de estos Tiempos

 

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