Difícil ecuación de corrupción policíaca, narcos y milicias civiles.
Los obispos católicos en el estado de Michoacán han tomado partido en contra de mafiosos locales, y los funcionarios que los apoyan, en uno de los nudos más difíciles de la violencia de México.
Los obispos han intervenido a medida que los Caballeros Templarios se ponen en guardia contra las milicias civiles, mafiosos rivales y miles de tropas federales en todo el estado de la costa del Pacífico.
Frustrados con el aparente control continuo de los Templarios sobre Michoacán, los obispos están mencionando nombres mientras que los agentes de seguridad y los milicianos prometen ofensivas contra los Templarios.
«Michoacán tiene todas las características de un Estado fallido», escribió Miguel Ángel Patiño, de 74 años, quien se jubila a finales de mes como el obispo de mucho tiempo del bastión Templario de Apatzingán, en una misiva de octubre a los feligreses.
Los Caballeros Templarios y otras bandas luchan por Michoacán
“como si fuera un botín de piratas», mientras que «los funcionarios municipales y la policía son o subyugados por o cómplices de los delincuentes», acusó Patiño.
«El rumor que se propaga es que el gobierno estatal también está al servicio del crimen organizado, lo que provoca la desesperación y la desilusión de la sociedad».
Patiño y otros obispos de Michoacán previamente se habían quejado de la criminalidad, la corrupción y la matanza. Firmaron una declaración pública expresando esas preocupaciones en mayo después de que las milicias bien armadas, antitemplarias, se formaran en media docena de pueblos que pertenecen a la extensa diócesis de Apatzingán.
Pero, al igual que aquellos líderes de más alto rango de la Iglesia mexicana, las anteriores quejas de los clérigos michoacanos tuvieron cuidado en no hacer señalamientos específicos que pudieran traer represalias. Ahora, liderados por Patiño, los obispos se están enfrentando directamente a los mafiosos y funcionarios corruptos.
«Nuestras familias se están llenando de odio, de rencor, por lo que están viviendo», dijo Javier Cortés, segundo al mando de la diócesis de Apatzingán, al explicar la decisión de Patiño de adoptar una postura más audaz.
«El obispo no quiere que los niños vean la muerte como algo normal».
La diócesis de Apatzingán, que Patiño ha liderado durante 32 años, abarca gran parte de la fértil Tierra Caliente que se extiende desde las colinas de la sierra hasta el mar. Aquí, el crimen violento ha sido durante mucho tiempo tan agobiante como el calor.
Las mafias producen marihuana, heroína y metanfetaminas en la zona. Ellos trafican cocaína e ingredientes para la producción de metanfetaminas a través del cercano puerto de Lázaro Cárdenas. Y ellos completan sus ingresos a través del secuestro y la extorsión generalizada.
Pero en la última década Patiño y sus 67 sacerdotes de la diócesis también han lididado con el culto místico, cuasi cristiano, promovido por los líderes de los Caballeros Templarios y su predecesora, la Familia Michoacana. La lucha ahora es por los cuerpos y las almas de Michoacán por igual.
Creado por Nazario Moreno, uno de los fundadores de la Familia quien puede o no haber sido asesinado por la policía federal cerca de Apatzingán hace tres años, el credo de los Templarios exige que sus hombres armados defiendan a Michoacán contra todas las amenazas, traten a su gente con respeto y se adhieran a la estricta fidelidad al grupo. Vivo o muerto, Moreno se ha convertido en un santo popular para sus seguidores, quienes le construyen altares en Apatzingán y otros lugares.
«Todos ellos nacieron en la Iglesia Católica, pero no son practicantes», dijo Cortés de los pistoleros Templarios.
«Han creado una ideología que le meten en la cabeza de la gente. Es como la Guerra Santa de los musulmanes. Usted va a morir por Michoacán. Usted va a vivir por Michoacán. Michoacán es todo».
El dilema que enfrenta la Iglesia Católica en México es parte de la lucha histórica de la institución: cómo mantener un centro seguro y moral frente a la corrupción pública, el crimen organizado, la violencia y la represión estatal.
En Latinoamérica, la jerarquía de la Iglesia y los laicos a menudo han diferido sobre la mejor estrategia para ello, con los sacerdotes y monjas locales a menudo tomando la primera posición pública y sufriendo con frecuencia las peores consecuencias, como el famoso caso del arzobispo de El Salvador Óscar Romero.
En México, las encuestas de opinión sitúan consistentemente a la Iglesia Católica como una de las instituciones más confiables. Si la jerarquía de la Iglesia sigue el ejemplo de Patiño en hacerle frente a los mafiosos y el gobierno, podría tener un impacto positivo sobre la violencia que sigue atormentando al país.
«Hay un total agotamiento con todo esto», dijo un analista de seguridad del gobierno en Morelia, la capital de Michoacán, sobre la violencia, hablando en condición de no utilizar su nombre o posición. «La iglesia es la única voz que queda con alguna credibilidad».
Pero no es del todo claro que la jerarquía vaya a tomar esta posición. Parecen estar muy asustados, cooptados o cualquier mezcla de los dos. El Vaticano ha reprendido a la Iglesia mexicana en los últimos años por la disposición de algunos clérigos a tomar donaciones de los mafiosos y la reacción demasiado relajada de los sacerdotes hacia los cultos cuasi católicos -como la Santa Muerte- o la devoción generalizada de la que San Judas, patrón de las causas perdidas, disfruta entre los delincuentes y las pandillas callejeras.
En los últimos siete años de violencia extrema del hampa, los principales líderes de la Iglesia mexicana han limitado en gran medida sus comentarios a las condenas del derramamiento de sangre que ellos atribuyen a una «cultura de la muerte» que prevalece en el país. Esos comentarios han tenido poco o ningún impacto.
La opacidad de esta relación se remonta a por lo menos 20 años. En 1993, hombres armados dispararon 14 balas contra el cardenal Jesús Posadas de Guadalajara cuando llegaba para tomar un vuelo en el aeropuerto internacional de la ciudad. Las autoridades dijeron que los asesinos habían confundido a Posadas con el jefe del Cartel de Sinaloa, Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien no se parecía a él. Muchos, incluyendo el reemplazo de Posadas como cardenal, dicen que fue el blanco de un complot de delincuentes, funcionarios o ambos.
En estos días, hablar es cada vez más peligroso para todo el mundo, especialmente en lugares como Michoacán. Asaltantes recientemente secuestraron y asesinaron a Ignacio López, el alcalde de la ciudad de Santa Ana Maya cerca de Morelia, poco después de terminar una huelga de hambre de tres semanas frente al Senado de México en la que denunciaba la extorsión a los ayuntamientos de la ciudad por parte de los Templarios.
Pese a que normalmente no tienen como blanco a los clérigos, los grupos criminales organizados en México nunca han mostrado mucha vacilación en castigar a sacerdotes, monjas y laicos que los hagan enojar.
Un párroco de la diócesis de Patiño fue asesinado el año pasado por un jefe de una banda local. Otro de la ciudad de Zamora, en Michoacán, se encuentra desaparecido desde que fue secuestrado a principios de este año en un área donde los Templarios han estado luchando contra una banda rival del vecino estado de Jalisco.
Otro sacerdote fue secuestrado por hombres armados en el estado de Tamaulipas, al noreste -el territorio en disputa de los Zetas y el Cartel del Golfo- hace dos semanas después de hacer una misa en un pueblo marcado por la lucha.
La Conferencia del Episcopado Mexicano, que representa a más de 130 obispos del país, ha respaldado a los clérigos de Michoacán, aunque con cautela. Los planificadores programaron sólo una hora para una reunión de una semana cerca de la ciudad de México para discutir la amenaza del hampa y lo que la Iglesia debe hacer al respecto.
Los principales líderes
«decidieron aprender de las experiencias de los obispos de Michoacán y Guerrero porque son los estados donde la violencia ha empeorado», dijo Javier Navarro, obispo de Zamora, en una conferencia de prensa la semana pasada.
Navarro también ha denunciado públicamente la inacción del gobierno contra los Templarios.
Sin embargo, como ha sido común en toda la sangrienta historia de esta región, la mayor parte de la acción y la protesta pública proviene de los eslabones inferiores de la Iglesia. Sacerdotes activistas como Alejandro Solalinde se han pronunciado en contra de la extorsión y el robo de migrantes por parte de los Zetas y otras bandas. Raúl Vera, obispo de Saltillo, capital del estado fronterizo de Coahuila, dominado por los Zetas, ha hecho lo mismo. Consuelo Morales, una monja, lidera un grupo de derechos humanos en el vecino estado de Nuevo León, investigando las desapariciones a manos de mafiosos y las fuerzas de seguridad.
Ahora, Patiño, Navarro y un puñado de otros obispos podrían unirse a ellos. Pero el grado de activismo del prelado, y el impacto que podría tener, sigue siendo muy incierto.
«Los obispos colombianos se organizaron muy bien en los días en que la violencia era muy grave», dijo Vera la semana pasada al periódico Reforma sobre el papel de la Iglesia en tratar de disminuir la violencia de ese país en las últimas décadas.
«Nosotros no lo hemos hecho”.
«¿Dónde estamos como iglesia, que tenemos tanta corrupción?», preguntó Vera. «¿Qué hemos hecho?».
Fuentes: Insight Crime, Signos de estos Tiempos
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