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El desafío que tiene por delante la Iglesia.

En México y Centroamérica los estados han ido perdiendo el control de sus territorios a manos de organizaciones criminales, que en principio tienen su fuente principal de ingresos en el narcotráfico, pero que han ampliado su portafolio hacia actividades como la extorsión (que incluso afecta a los propios sacerdotes católicos) y la trata de migrantes (como mencionó brevemente el Papa Francisco cuendo visitó Lampedusa). Y sobre todo, ha transformado esas sociedades en la mayor zona violencia del mundo, excluyendo las zonas de guerra.

Esto es un reto para la nueva evangelización, porque por un lado estos grupos criminales han desarrollado nuevas devociones como la Santa Muerte en México, por otro lado, ha implicado que en algunos países como El Salvador y Honduras la Iglesia Católica esté mediando entre el estado y las pandillas (aunque en El Salvador mucho más indirectamente ahora), y en general somete a la población a grandes niveles de violencia que afectan grandemente la vida espiritual.  

En este artículo trataremos de comprender el surgimiento de estos grupos delictivos, especialmente en México, porque constituye un desafío que tiene la Iglesia en su tarea de evangelización en el país.

LA VIOLENCIA EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

México y Centroamérica se han convertido en unas de las zonas más peligrosas del planeta, fuera de las zonas de guerra activas. Actualmente, la región está enfrentando desafíos sin precedentes en la seguridad, provenientes de las pandillas callejeras, la creciente presencia de organizaciones criminales sofisticadas, y la corrupción endémica en todos los niveles, de la policía y el gobierno. Estos retos no son nuevos, pero están creciendo en intensidad y visibilidad.

La tasa de homicidios de Centroamérica se ubica actualmente en poco más de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes — más del doble de la tasa de homicidios en México (18 homicidios por cada 100.000 habitantes), un país que recibe mucha más atención de los medios internacionales por los altos niveles de crimen y violencia. La mayoría de los homicidios en Centroamérica se concentran en los países del Triángulo del Norte — Guatemala, El Salvador, y Honduras — donde el promedio de la tasa de homicidios es de 58 por cada 100.000 habitantes.

Tanto en México como en Centroamérica, los grupos criminales parecen haber abrumado a las fuerzas de seguridad públicas que no cuentan con el personal suficiente. El control de las actividades ilegales en las áreas rurales y fronterizas, por donde los migrantes a menudo cruzan, es particularmente difícil.

En primer lugar, es importante distinguir entre las pandillas callejeras, grupos de crimen organizado, y organizaciones criminales trasnacionales

LAS PANDILLAS CALLEJERAS

Tienen sus raíces en la pobreza endémica y en la extendida urbanización, se cuentan por miles y se han aprovechado de las economías ilegales que florecen en los barrios más pobres de la región. En Centroamérica, varias pandillas callejeras predominantes surgieron en los Estados Unidos y fueron traídas a la región por los deportados. Se componen principalmente de hombres jóvenes de comunidades marginalizadas; la mayoría tiene antecedentes violentos y, a menudo, historias de abuso de sustancias. Las pandillas callejeras controlan los barrios y mercados locales de donde extraen sus rentas en forma de extorsión, aunque también se dedican al secuestro, asalto, y al asesinato por contrato. En algunos casos, como se describe abajo, las pandillas callejeras han subcontratado sus servicios como distribuidores de contrabando o sicarios para organizaciones criminales más grandes. Sin embargo, ellas carecen de la sofisticación y la estructura de los grupos de crimen organizado.

LOS GRUPOS DE CRIMEN ORGANIZADO Y LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES TRANSNACIONALES

Los grupos de crimen organizado son más grandes y más sofisticados que las pandillas y, en México y Centroamérica, tienen su origen en desmovilizados de las fuerzas paramilitares, de inteligencia, y el ejército. Tienen un alcance geográfico de actividad más grande y participan en actividades más lucrativas que las pandillas callejeras — principalmente el tráfico y distribución de drogas y armas. El margen de mayor ganancia de estas actividades ha permitido a los grupos de crimen organizado construir estructuras jerárquicas sofisticadas.

Fortalecidos por un aumento en la cantidad de drogas ilegales que se mueven a través de México y Centroamérica, los grupos de crimen organizado tienen más recursos, controlan más infraestructura, tienen acceso a más “soldados” y armas, y tienen mayor control sobre las instituciones gubernamentales. Estas mismas organizaciones también han diversificado sus portafolios criminales, usando sus organizaciones y el control de las rutas ilegales de tráfico, como el tráfico de personas.

Las organizaciones criminales trasnacionales son grupos de crimen organizado que tienen una presencia operacional, no simplemente una presencia transaccional, en varios países.

MÉXICO: DE LOS NEGOCIOS FAMILIARES A PEQUEÑOS EJÉRCITOS

En México las grandes organizaciones criminales tienen sus raíces a finales de los años sesenta, cuando pequeños grupos familiares se dedicaban al tráfico de mercancía de contrabando, personas, drogas ilegales y otros productos hacia Estados Unidos. Este núcleo de contrabandistas adquirió mayor importancia cuando la cocaína de los Andes empezó a transitar por la región entre los años setentas y ochentas. Los proveedores colombianos usaban a las organizaciones criminales mexicanas para recibir y enviar su producto hacia el norte, donde lo esperaban cadenas de distribución locales.

Inicialmente, el tráfico fluía a través de México y era en pequeñas cantidades, pero el rol de los mexicanos empezó a ser más relevante una vez que Estados Unidos empezó a ejercer mayor presión a las actividades del Caribe, forzando a los traficantes de cocaína a optar por el camino a través del istmo.

Para los años noventa, gran parte de la cocaína que entraba a Estados Unidos pasaba a través de México y algunas organizaciones criminales mexicanas empezaron a participar de una mayor parte de las ganancias, estableciendo sus propias redes de distribución en Estados Unidos. Estas incluyen los comienzos de las organizaciones que serían más tarde conocidas como los carteles de Sinaloa, Tijuana, Juárez y el Golfo.

En un comienzo, los carteles mexicanos eran pequeñas organizaciones familiares que dependían de la corrupción de las fuerzas de seguridad estatales que les proveían protección de ser perseguidos judicialmente al igual que de sus rivales. No obstante, esto cambió una vez que los carteles mexicanos se expandieron y llegaron a la distribución, con lo que crecieron sus ganancias y sus operaciones.

Los altos ingresos llegaron a una mayor competitividad entre las organizaciones, lo que las llevó a establecer sus propias fuerzas de seguridad para proteger sus mercados y ganancias. Este proceso alteró por siempre la manera en que las organizaciones criminales operaban en México (y luego en Centroamérica), y ha contribuido a la proliferación del secuestro de inmigrantes que se mueven a lo largo del país.

EL DESARROLLO DEL ALA MILITAR

Es significativo por varias razones. La primera, representa un quiebre del modelo de organizaciones familiares pequeñas del pasado. La transformación fue profunda. Los nuevos ejércitos paramilitares, adoptaron la terminología y la lógica militar y de sus entrenadores militares, algunos de los cuales eran mercenarios extranjeros.  Las organizaciones empezaron a designar “tenientes” y a crear “células”, las cuales incluyeron varias partes responsables de recolección de inteligencia. Estos nuevos “soldados” llevaron a cabo entrenamiento y adoctrinamiento obligatorio, para luego unirse a la lucha para evitar que otros carteles incursionaran en su territorio. Junto con su nueva cara militar, la infraestructura de los carteles también creció. Para este entonces contaban con refugios, equipos de comunicación, carros y armas –el mismo tipo de infraestructura necesaria para cualquier actividad criminal sofisticada, desde un robo hasta un secuestro, incluso hasta el contrabando de mercancía.

Más allá de asegurar su propio territorio, los carteles  empezaron a competir por territorio estratégico, o plazas como se le conoce. En el mundo de la delincuencia mexicana, el control de una plaza significa cobrarle un impuesto, entiéndase en el mismo sentido de un peaje,  a cualquier actividad llevada a cabo por cualquier grupo criminal que opere en ese territorio. El llamado piso suministra un flujo de ingresos, ya que el grupo al mando se lleva más de la mitad de las ganancias por el contrabando que se mueve a través de su corredor; ya sean armas, personas o droga. Las fuerzas de seguridad corruptas, en algún momento participaron en esta parte del negocio, pero con el tiempo, los grupos criminales usurparon ese control.

A su vez, la lucha por las plazas depende del número de soldados que mantiene cada cartel. En el caso del Cartel de Tijuana, la familia Arellano Félix comenzó a trabajar con la Pandilla de la Calle Logan de San Diego, capacitándolos en el uso de armas, tácticas y en recolección de inteligencia. El Cartel del Golfo contrató a miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES) de México, que adoptó el nombre de los Zetas en honor a los códigos que usaban por radio sus comandantes militares. El Cartel de Juárez contrató a policías y expolicías para formar el grupo que se conoce como La Línea; y más tarde una pandilla callejera conocida como los Aztecas en El Paso. El cártel de Sinaloa eventualmente designó a una facción de su grupo, la Organización de los Beltrán Leyva, para crear un pequeño ejército para hacer frente a sus rivales; apoyados por varias pandillas callejeras más pequeñas, en lugares donde el cártel opera a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México.

Los nuevos «soldados» tienen una característica común: no son parte de la estructura familiar original, que otrora se encontraba en el núcleo de las organizaciones criminales mexicanas. En el pasado, las organizaciones criminales mexicanas eran relativamente pequeñas, en su mayoría compuestas por familiares del estado de Sinaloa, donde habían trabajado en campos de cultivos de amapola y marihuana.

La membrecía a los grupos se daba a través de lazos de sangre, matrimonio, o afecto –hasta que las fuerzas del mercado requerían que estas uniones tradicionales se profesionalizaran y abrieran la admisión a extranjeros con el fin de seguir siendo competitivos.

En un principio, los líderes de estos grupos concedían a los “forasteros”, poca autoridad o poder discrecional. Algunos líderes, como Ramón Arellano Félix, del cártel de Tijuana, y Osiel Cárdenas Guillén, del Cártel del Golfo, controlaban directamente sus nuevos ejércitos, exigiendo su lealtad a toda costa. Con el tiempo, esto resultó ser un mal modelo a seguir, no obstante, ya que tan pronto como el líder fuerte era eliminado (como en el caso de Arellano Félix en 2002) o detenido (como en el caso de Cárdenas en 2003), las lealtades individuales se desintegraban y estos ejércitos comenzaban a romper con el comando central del cartel. La lealtad se convirtió en una mercancía sujeta a la dinámica de los precios del mercado, en lugar de ser una obligación «familiar» o tradicional.

LA AMPLIACIÓN DE LAS OPERACIONES

Los nuevos ejércitos privados eran costosos en todos los niveles y los líderes de los carteles empezaron a buscar formas de reducir los costos, incluso a medida que continuaban su expansión y profesionalización de sus operaciones. Pese a que la evidencia es escasa, los informes indican que desde finales de los noventa; de forma gradual, de mala gana, y violentamente los carteles desplazaron la responsabilidad financiera y el control operativo hacia sus lugartenientes –un proceso que únicamente fue evidente cinco o seis años más tarde–. Con esta autonomía recién adquirida, muchas células ampliaron sus operaciones más allá de los servicios de seguridad e incursionaron en la extorsión de negocios legales y, más tarde adelante, el secuestro.

Este cambio en la toma de decisiones financiera y operativa representa un segundo cambio profundo en la forma que los carteles mexicanos operan. De un momento a otro, en lugar de una organización criminal centralizada, había numerosas células exigiendo piso a las actividades criminales como el contrabando y el tráfico de personas; compitiendo, a menudo violentamente, por el territorio y los mercados.

Los ingresos por tráfico de personas son importantes. De acuerdo con Naciones Unidas (ONU), se estima que el tráfico de personas en el hemisferio occidental es un negocio de USD$ 6.000 millones al año. No obstante, para los carteles mexicanos los ingresos totales provenientes del tráfico de personas son relativamente pequeños en comparación con los ingresos del tráfico internacional de drogas, que se encuentran probablemente en el rango de alrededor USD$ 15.000 a USD$ 25.000 millones. Los márgenes de ganancias del tráfico de drogas –los cuales son aproximadamente el 80 por ciento de los ingresos– son también probablemente mayores que para el tráfico de personas.

Las nuevas organizaciones militarizadas tenían una mentalidad nueva, centrada en la ocupación de grandes cantidades de espacio físico. Su crecimiento rápido provocó un cambio en la estructura financiera. A medida que aumentaban las operaciones, también aumentaba la necesidad de proteger a los líderes de ser detectados. Las unidades de los ejércitos multifacéticos ganaron mayor autonomía para ahondar en múltiples actividades criminales. Esto posibilitó la entrada de personal cuyas lealtades no eran hacia la cúpula. El nuevo sistema descentralizado funcionaba, siempre y cuando una persona fuerte siguiera siendo el líder. Sin embargo, tan pronto como ese líder era eliminado, la organización inevitablemente se resquebrajaba y, en muchos casos, estallaba la violencia entre facciones rivales.

Este proceso se ha repetido una y otra vez en la última década. En un esfuerzo por aumentar las ganancias, las diferentes facciones dentro de las grandes organizaciones han diversificado sus portafolios criminales, ahondando en el tráfico de personas, el contrabando, la extorsión, la piratería, el secuestro y otras actividades criminales. Muchas de estas facciones han eventualmente roto los lazos con sus organizaciones originales, incluyendo grandes fracciones del Cartel de Tijuana, los Zetas, La Línea, y la Organización de los Beltrán Leyva. Las autoridades aún se refieren a los pequeños grupos con los nombres de los grupos más grandes a los que alguna vez pertenecieron. Esta práctica puede ayudar a dar sentido al caos que es la situación en México, pero la realidad es mucho más compleja en el campo. InSight Crime, por ejemplo, recientemente contó la existencia de 28 grupos criminales en México. Estos grupos suelen contratar unidades más pequeñas, pandillas locales, lo que complica aún más la situación y hace que nuestro trabajo de categorizar el caos más difícil.

Existe poca evidencia anecdótica que confirma que las organizaciones criminales mexicanas han establecido sus propias redes de distribución en los Estados Unidos. Ha habido algunos arrestos de líderes mexicanos del crimen organizado y los miembros de sus familias en los Estados Unidos, pero no es claro si las estructuras organizativas de estos grupos se han consolidado en ese país. Tampoco existe evidencia convincente de que los carteles mexicanos tienen una presencia permanente en funcionamiento en países productores de droga como Colombia, Perú y Bolivia. La presencia de los carteles mexicanos en los países andinos parece ser puramente transaccional, más que operativa o estratégica. En este sentido, es poco probable que las organizaciones criminales mexicanas se hayan vuelto completamente integradas verticalmente o «vuelto transnacionales», como suele suponerse.

Fuentes: Insight Crime, Signos de estos Tiempos

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