México y el triángulo norte de Centroamérica enfrentan una violencia similar a la de medio oriente.
Hace dos semanas publicamos un artículo sobre la trágica desaparición de 43 estudiantes en el Estado de Guerrero, México, ver aquí, donde se hacía eco de la denuncia del padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos humanos, de que los estudiantes habían sido quemados vivos. Ahora el procurador de la nación lo confirma.
La situación que vive México y el triángulo norte de Centroamérica, asediados por las bandas criminales de narcotráfico, hacen parecer la situación como similar a la que se vive en oriente medio, donde el patriarca copto Tawadros II acusa a occidente de estar desarrollando una política de balcanización de la región. Ver aquí.
Esto mismo lleva a algunos observadores, marginales por ahora, a considerar si no se estará desarrollando una misma política en la zona.
QUÉ HABÍA DICHO SOLALINDE
El clérigo dijo que los niños fueron colocados en una pila de madera y prendieron fuego cuando aún estaban vivos.
“El gobierno sabe esto desde el principio. Es sólo que no quería admitirlo”, dijo el P. Solalinde. El padre añadió que el gobierno no permite que los expertos trabajen libremente en la investigación, lo que plantea serios obstáculos.
El clérigo ha confirmado que cuatro testigos le dijeron que los niños fueron quemados y enterrados en una fosa común. No sólo eso, sino que los testigos también han dibujado un mapa del lugar donde se puede encontrar los cuerpos quemados de los niños.
CONFIRMACIÓN DEL FISCAL DE LA REPÚBLICA
Los estudiantes de magisterio desaparecidos el pasado 26 de septiembre en el estado mexicano de Guerrero fueron asesinados y después quemados en el basurero de Cocula, que desde hace más de una semana rastrean las autoridades. Algunos de ellos estaban inconscientes, aún vivos.
Así lo afirmó el procurador general de la República (fiscal), Jesús Murillo Karam, que dijo que llegaron hasta ahí gracias a las confesiones de dos de los últimos detenidos. Estos confesaron haber asesinado a la mayoría de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa secuestrados por la Policía de Iguala en la noche del 26 de septiembre, después de arremeter contra ellos en tres ataques que se cobraron la vida de otras seis personas.
El relato del fiscal, visiblemente consternado –“sé el enorme dolor que produce esta información”, decía–, acompañado de imágenes de los restos y de los lugares de los hechos, que pone los pelos de punta.
Los asesinos hicieron guardia para asegurarse de que el fuego durara horas –más de 12–, arrojaron piedras, neumáticos y gasolina a los cuerpos. Alrededor de 15 de las víctimas murieron por asfixia. Los restos están tan calcinados que no todos van a poder ser identificados: el objetivo de los criminales era no dejar el menor rastro, y prueba de ello es que quemaron hasta las ropas de los que participaron en la matanza de los estudiantes. Los detenidos dijeron que un tal “El Terco” les ordenó triturar los restos de los huesos y depositarlos en bolsas de basura que tiraron al río Cocula.
Murillo Karam advirtió que, dado el alto nivel de degradación de los restos, la identificación es muy difícil, pero al mismo tiempo hizo hincapié en que hasta que no terminen los trabajos de identificación, los estudiantes siguen en calidad de desaparecidos.
Para esas labores pedirán ayuda a la Universidad de Insbruck. Una de las aclaraciones más significativas del procurador fue que los estudiantes no estaban vinculados con ningún cártel –una de las hipótesis que llegaron a albergar en algún momento por las declaraciones de otros de los detenidos.
MANIFESTACIÓN POPULAR
Tras la conferencia que encabezó Jesús Murillo, alrededor de 300 personas marcharon de forma casi espontánea del monumento Ángel de la Independencia a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), donde se hizo el llamado a marchar la noche del sábado. La respuesta de la sociedad mexicana no se hizo esperar. Miles asistieron.
Durante la marcha organizada en la Ciudad de México para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, algunos de los manifestantes saltaron las vallas del Palacio Nacional, realizaron pintadas y lanzaron bombas molotov.
Pese a que durante la caminata que partió de la sede de la Procuraduría General de la República dominó el ánimo pacífico, al llegar al Zócalo, un pequeño grupo sacó pinturas en aerosol y, burlando la seguridad, comenzó a pintar el portón de la histórica construcción.
Al tiempo, cientos de manifestantes comenzaron a gritar !No violencia! como reprobación por los actos realizados, pero el grupo de jóvenes con el rostro cubierto hicieron caso omiso y lanzaron las primeras bombas molotov.
LOS FAMILIARES RECHAZAN LA VERSIÓN DE LA FISCALÍA
Los familiares de los 43 estudiantes rechazaron las versiones de la fiscalía mexicana y dijeron que no aceptarán la muerte de sus hijos hasta que haya pruebas contundentes, por lo que seguirán manifestándose.
En el país existe una desconfianza histórica de familiares de víctimas y organizaciones civiles a las pesquisas oficiales, especialmente en los casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Algo que las autoridades se han ganado, dijo José Antonio Guevara Bermúdez, director de la independiente Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH).
«No confiamos porque nunca han llevado a juicio ningún caso, por lo menos de la época reciente», explica.
«La prolongada ausencia de voluntad política de toda la historia reciente de México los ha llevado al momento en que estamos hoy».
Hasta el momento han sido capturadas 74 personas por este caso, que según Murillo aún no está cerrado, y están por cumplirse diez órdenes de detención.
YA ME CANSÉ
Difícilmente el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, pudo haber imaginado que su frase «Ya me cansé», que lanzó durante la conferencia de prensa donde ofreció una nueva versión del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre, se convertiría en el «grito de guerra» de la sociedad civil harta de la violencia y la impunidad en el país.
En cuestión de horas el hashtag #YaMeCansé se convirtió en tendencia mundial en Twitter y se multiplicó en las redes sociales relacionado con todo tipo de comentarios posteriores.
El mensaje de los usuarios de Internet era: nosotros también estamos cansados. Del Gobierno, de la impunidad, a tener miedo. Y comenzó a circular un video que se hizo viral y se puede ver abajo.
De momento, estas palabras eran uno de los lemas de la manifestación convocada para este sábado por la noche desde la sede de la PGR al Zócalo capitalino.
DETENIDO EL EX ALCALDE Y SU ESPOSA
El exalcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez, señalado como el responsable de la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero, fue recluido el miércoles pasado en una cárcel federal del Estado de México y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fue arraigada por 40 días, informó la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado.
Abarca Velázquez fue recluido por los delitos de la delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado por el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, en cumplimento con una orden de aprehensión librada en su contra el pasado 24 de octubre.
“Esto, independientemente del resultado de las investigaciones que sigue llevando esta Procuraduría sobre Abarca Velázquez”, refirió la PGR.
María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca Velázquez, quedó arraigada hasta por 40 días como medida cautelar, según lo determinó un juez federal especializado, como consecuencia de las investigaciones por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
LA HISTORIA DE LOS ABARCA
Con el avance de las investigaciones México fue descubriendo, entre el asombro y la indignación, cómo este matrimonio tenía el control de una ciudad a 200 kilómetros de la capital sin importar los nexos con el cártel local Guerreros Unidos que le habían detectado al alcalde José Luis Abarca y su esposa, hermana de poderosos narcotraficantes.
En Iguala, muchos no lograban explicarse cómo el niño que empezó vendiendo sombreros de paja y ropa en la calle se convirtió en un magnate de este importante centro joyero y en 2012, sin apenas experiencia política, en alcalde de una de las principales ciudades del empobrecido y violento estado de Guerrero.
Al ahora revocado alcalde, algunos le reconocían su tesón pero otros no podían evitar mirar de reojo a su esposa, la exuberante María de los Ángeles Pineda.
Desde prisión, miembros del cártel narcotraficante Guerreros Unidos describen a esta mujer de tez clara y cabello castaño no sólo como una aliada sino como la “principal operadora de actividades delictivas” desde la alcaldía de Iguala.
De hecho, la fiscalía acusó a la pareja de ordenar el ataque de sus policías municipales contra decenas de estudiantes la noche del 26 de septiembre, presuntamente para evitar que los jóvenes sabotearan un acto público de Pineda, que tenía intención de suceder a su esposo en la alcaldía en 2015.
Esta fulgurante carrera política al amparo del narcotráfico concluyó la madrugada de este martes cuando fueron capturados por policías federales en el empobrecido e inseguro barrio capitalino de Iztapalapa.
Conmocionados y avergonzados de que Iguala sea el escenario de este escándalo internacional, los vecinos usan principalmente dos palabras para describir a la pareja: soberbia y prepotencia.
Pero era la primera dama local, siempre con vestidos y accesorios finos y presidenta de un centro público de protección a la infancia, quien verdaderamente mandaba dentro y fuera de la alcaldía con su trato frío y altivo, aseguran muchos vecinos de la ciudad. “Les teníamos miedo”, zanja una funcionaria.
La familia de Abarca que permanece en Iguala da una visión muy diferente del exalcalde, a quien medios mexicanos señalan de ser dueño de 17 propiedades en la ciudad, incluido un imponente centro comercial.
“Es una persona de trabajo, de muchos retos. Él ha hecho su dinero y estaba económicamente muy bien antes de ser presidente municipal”, dijo a la AFP su hermana Roselia.
Hijo de humildes comerciantes y el tercero de cinco hermanos, Abarca dejó a medias sus estudios de Medicina y, centrado en los negocios, entró en la política en 2012 “invitado por gente que buscaba un cambio” para Iguala considerando que él era “ajeno a esa política sucia”, explica esta directora de escuela.
QUIENES SON GUERREROS UNIDOS
Según lo que se pudo saber, la pareja tenía fuertes nexos con la banda Guerreros Unidos (GU).
De acuerdo a reportes de inteligencia, el grupo ‘GU’ está asentado principalmente en la zona de norte de Guerrero y es una escisión del cártel de los Beltrán Leyva. Su formación data del 2011, dos años después de la muerte del capo Arturo Beltrán Leyva, alias ‘El Barbas’.
La muerte de ‘El Barbas’ propició la fractura del cártel de los Beltrán en diversos grupos, el ‘Cártel Independiente de Acapulco’ y ‘La Barredora’, quienes iniciaron la disputa por la costa de Guerrero. Posteriormente hicieron aparición Guerreros Unidos y los Rojos, los cuales comenzaron una disputa al interior del estado por el control de actividades delictivas.
Guerreros Unidos es considerado como “muy violento”, puesto que se le unieron Los Pelones, antiguo brazo armado de los Beltrán Leyva, de quienes heredaron un estilo de ejecución calificado como brutal.
REACCIONES VIOLENTAS CONTRA GUERREROS UNIDOS
El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente anunció la creación de una “brigada de ajusticiamiento” para enfrentar a las organizaciones del narcotráfico en Guerrero, particularmente a “Guerreros Unidos”, presuntos responsables de los hechos de violencia ocurridos en Iguala.
En el mismo sentido, las Milicias Populares en Guerrero difundieron un comunicado que decía que
Ante la violencia del brutal neoliberalismo que en México se mantiene mediante el narcogobierno, hoy, más que nunca, necesitamos responder con todas las formas de lucha, violentas y pacíficas, legales e ilegales.
Después de Tlatlaya e Iguala, el coro televisivo a dúo con los partidos intenta convencernos de que son casos de corrupción aislados. Unos soldados desobedientes, un presidente municipal y sus policías coptados por el narco. Nada que no se pueda arreglar con una comisión investigadora o, mejor aún, con un comité anticorrupción.
Fuentes: El faro, CNN, BBC, Insight Crime, Signos de estos Tiempos
