FARC puede participar políticamente pero ¿y el narcotráfico?
La semana pasada se llegó a un acuerdo entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC que permitiría la participación política de estos últimos, pero aún queda el espinoso problema del narcotráfico.
Se trata del segundo de los seis puntos de la agenda en las negociaciones de paz que tienen lugar en La Habana, informó El Tiempo, y que comenzaron hace más de un año.
Según el comunicado conjunto, emitido el 6 de noviembre, el gobierno colombiano y las FARC lograron un consenso sobre cuestiones como los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política y el acceso a los medios de comunicación, los mecanismos democráticos de participación ciudadana y la promoción efectiva de una mayor participación política.
UN PUNTO DE AVANCE
El asunto de la participación política es sensible para las FARC, dado el precedente de la Unión Patriótica (UP) -un movimiento político establecido como un vehículo electoral para las FARC y sus aliados durante las conversaciones de paz en los años ochenta-. Posteriormente fue diezmado por los escuadrones paramilitares de la muerte. Hasta 3.000 miembros de la UP fueron asesinados, provocando el regreso de la guerrilla a la lucha armada.
La cuestión de las drogas promete ser igual de problemática. Las FARC controlan hasta el 70 por ciento de los cultivos de coca en el país, la materia prima de la cocaína. Muchos frentes de las FARC ganan millones de dólares del narcotráfico, a menudo asociándose con los grupos sucesores de los paramilitares -conocidos como BACRIM («bandas criminales»). Cualquier acuerdo con el gobierno sobre este tema podría tener enormes implicaciones para el narcotráfico en Colombia.
Además esto podría provocar disidencias en las FARC, estas facciones disidentes bien podrían criminalizarse y continuar con sus actividades ilegales sin las mismas justificaciones ideológicas, como ocurrió con la organización paramilitar de las AUC tras su desmovilización oficial en 2006, cuando engendró a las BACRIM. Tal vez sea inevitable que una nueva generación de grupos criminales, la FARCRIM, pueda nacer si llega a firmarse un acuerdo de paz.
EL PROBLEMA DEL NARCOTRÁFICO, QUE LAS FARC NIEGAN
Las FARC tienen dos flujos principales de ingresos. El más importante es el narcotráfico. El segundo es la extorsión. Después de esto viene la participación en la minería, especialmente de oro, pero también de coltán, y luego sus inversiones legales en las tierras y las empresas en sus áreas de influencia. Las finanzas de algunos frentes fueron golpeadas cuando el grupo renunció al secuestro en febrero de 2012, una de las condiciones del gobierno para sentarse en la mesa de diálogos. Si algunos elementos de las FARC se escinden, podrían regresar de nuevo al secuestro como forma de financiamiento.
El Comandante de las FARC, Alfonso Cano, en una entrevista con la publicación española Público, el 11 de junio de 2011 dijo:
“Quisiera serle taxativo en esto: ninguna unidad fariana, de acuerdo a los documentos y decisiones que nos rigen, pueden sembrar, procesar, comerciar, vender o consumir alucinógenos o sustancias psicotrópicas. Todo lo demás que se diga, es propaganda.”
Otra negación más reciente sobre la participación de las FARC en el narcotráfico tuvo lugar el 17 de marzo de 2013, de parte de Ricardo González, alias “Rodrigo Granda”, uno de los negociadores de las FARC en La Habana, quien dijo que estas acusaciones le hicieron reír e insistió en que
“no están hablando con ningunos narcotraficantes aquí, ustedes están hablando con un grupo armado”.
Así pues, las FARC siguen afirmando que no son narcotraficantes, que simplemente imponen un impuesto sobre todas las actividades económicas en las zonas bajo su control, entre ellas el narcotráfico, lo que ellos denominan el “gramaje”.
No obstante, existe abundante evidencia sobre la participación de las FARC en los diferentes eslabones de la cadena de las drogas, incluso en el ámbito transnacional y de las exportaciones.
Todos los miembros del Secretariado de las FARC y el Estado Mayor Central tienen peticiones de extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. La DEA ni siquiera necesita construir casos individuales en contra de los líderes de las FARC. Basta demostrar que un líder de las FARC capturado pertenece a cualquiera de estas dos estructuras de mando de los guerrilleros para asegurar una condena por narcotráfico.
En términos de números, la capacidad militar, el control territorial y las ganancias del narcotráfico, las FARC son una de las redes de tráfico de drogas más poderosas de Colombia, y quizás del mundo.
La mayoría de los frentes de las FARC que operan en áreas de cultivo de coca cobran impuestos a los cocaleros (hasta US$50 por kilo de base de coca), y a los compradores de base de coca (alrededor de US$200 por kilo). También se cobran tarifas a los laboratorios de drogas en estas áreas, el tránsito de cargamentos de cocaína y la salida de vuelos que llevan drogas.
A nivel local, las FARC no sólo cobran impuestos por la compra de base de coca y cocaína, sino que también tienen el monopolio de todas las transacciones de droga en su territorio. Cualquier cultivador de coca que trate de vender base de coca sin pagar a las FARC corre un alto riesgo. Cualquier comprador que busque comprar base de coca o cocaína en territorio de las FARC sin permiso, podría ser fusilado.
Sin embargo, la participación de varios frentes de las FARC en el negocio de las drogas va mucho más allá de la simple protección y los “impuestos”. Hay frentes que también se involucran en la cristalización de cocaína; ya sea directamente, operando laboratorios de cocaína o subcontratando a otros bajo su supervisión.
Las FARC dieron el salto hacia la exportación de cocaína durante el fallido proceso de paz con el Presidente Andrés Pastrana (1999-2002). La clave para ello fue la zona de despeje de 42.000 km² dada a los guerrilleros; su condición previa para sentarse en la mesa de diálogos. Esta zona de despeje proporcionó el punto de encuentro perfecto para las FARC, tanto en el mundo legal como en el ilegal. Mientras los periodistas, políticos, empresarios y las delegaciones internacionales se dirigían a la “capital” de las FARC en San Vicente del Caguán, Caquetá, tras bambalinas, también la visitaron distribuidores de armas, narcotraficantes y miembros de otros grupos en las listas internacionales de organizaciones terroristas (entre ellos el grupo separatista vasco ETA y el IRA Provisional).
Durante los tres años de ocupación de las FARC, los cinco municipios de la zona de despeje vieron cómo se triplicó la siembra de cultivos de coca. Se hicieron contactos internacionales. Uno de los casos mejor documentados fue el de Carlos Charry, alias “El Doctor”, quien al parecer por orden del comandante del Bloque Oriental, alias el “Mono Jojoy”, estableció las conexiones con el Cartel de los Arellano Félix en Tijuana, México, en 2000. Este no fue un incidente aislado. En noviembre de 2002 un tribunal de Estados Unidos acusó al “Mono Jojoy” de negociar la entrega de 20 toneladas de cocaína al Cartel de Guadalajara. En 2003, Estados Unidos condenó a Eugenio Vargas Perdomo, alias “Carlos Bolas”, un guerrillero del Frente 16, de dirigir una red de cocaína a través de Surinam, la cual intercambia drogas por armas.
Desde 2008, ha habido un flujo constante de informes que señalan el vínculo entre las FARC y los carteles mexicanos. Parece haber una conexión de vieja data entre el Cartel de Sinaloa y el Frente 48 de las FARC. El Frente 48 mueve grandes cantidades de base de coca y cocaína hacia Ecuador a través del departamento colombiano de Putumayo. También se ha rastreado a las FARC moviendo cargamentos de cocaína hacia Venezuela, a través de los Frentes 33, 16 y 10. El Frente 57 de las FARC, situado a ambos lados de la frontera de Colombia con Panamá, también mueve cocaína hacia Centroamérica. En noviembre de 2012, la policía panameña se enfrentó con guerrilleros de las FARC en la frontera, matando a uno e incautando varias bolsas de cocaína. A lo largo de la costa del Pacífico, ha habido numerosos reportes de las FARC cargando submarinos o semisumergibles con droga, la mayoría con destino a México y Centroamérica. Estos envíos han sido asociados principalmente con los Frentes 29 y 30.
Lo que es cierto es que muchos líderes de las FARC tienen contactos con importantes organizaciones narcotraficantes transnacionales. También tienen acceso tanto a la base de coca como a la cocaína. Estas conexiones significan millones de dólares para quien las tenga, y pueden ser utilizadas por miembros de las FARC así dejen de ser parte de esa organización.
Aunque en el último capítulo del conflicto civil en Colombia (1997-2006) hubo una guerra entre la guerrilla y los paramilitares de las AUC por el control de los cultivos de coca, los sucesores de los paramilitares, las Bacrim, no están interesadas en luchar contra la guerrilla. Son más estructuras mafiosas que ejércitos ilegales, y mientras tengan una capacidad militar limitada, no pueden aspirar a enfrentarse abiertamente con las FARC. En su lugar, quieren comprarles base de coca y cocaína para venderla a sus socios internacionales.
Esta es una situación ideal para las FARC. Mantienen el control de las zonas de producción de coca, lo que les asegura la influencia sobre una de sus bases políticas, los “cocaleros”, y los que cosechan la hoja de coca, los llamados “raspachines”. Ellos ganan dinero (en pesos) por sus operaciones diarias, vendiendo base de coca, y ocasionalmente cocaína, a las Bacrim y otros compradores independientes. No obstante, las compras de armas y municiones en el mercado negro internacional son realizadas en dólares. Y la manera más fácil para las FARC de ganar dólares es exportando ellos mismos la cocaína.
Fuentes: Insight Crime, Prensa Colombiana, Signos de estos Tiempos
