Categoría: Leyes

No se piensa en reducir el consumo.

Uno de los problemas mas dramáticos de la región americana es la violencia, que tiene como causa inicial las pandillas del narcotráfico, y constituye un verdadero signo de estos tiempos para la región. El tráfico ha sido atacado con un éxito relativo por la estrategia norteamericana de la guerra contra las drogas. Pero ahora ha surgido un movimiento liderado por ex presidentes norteamericanos, que insisten en que la guerra frontal contra las drogas ha fracasado y proponen la legalización de algunas drogas, tomando como cabeza de playa la experimentación que se va a realizar en Uruguay.

Detrás de este movimiento también hay otros involucrados, como George Soros, que ven en la legalización la posibilidad de entrar en un mercado multimillonario, y la expectativa de los políticos de que la legalización podría significar nuevos recursos, a través de impuestos, para las arcas de los estados de la región.

Pero es importante comprender, que esta estrategia de descriminalizar el consumo no está pensada, sin embargo, desde el punto de vista de retirar consumidores del mercado, sino más bien desde un tema de costos económicos y de limitar la violencia.  

Sin embargo, no es seguro que esta reforma de la política de drogas pueda reducir los niveles de violencia y criminalidad vinculados al negocio de las drogas, porque los grupos criminales se desplazarían a otro frente de negocios utilizando su mismo esquema operativo ilegal, como por ejemplo la minería ilegal y el tráfico de personas.

Es que hasta que no se solucione el problema de fuentes de trabajo, de niveles salariales, de corrupción interna y de control total del territorio por parte del estado, las bandas criminales van a seguir floreciendo. Y sobre todo, si los habitantes de américa no vuelven a sentir que la fe en Dios es la solución a sus problemas, sólo los recursos humanos van a ser insuficientes para normalizar la vida de las sociedades.

Todas estas son señales a las que hay que estar alerta para comprender lo que está pasando en la región.

LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE DROGAS EN LA REGIÓN

Según el último Informe Mundial sobre las Drogas de la ONU, publicado en mayo, grandes volúmenes de cocaína siguen siendo objeto de contrabando desde Sudamérica hacia Estados Unidos y Canadá a través de Ecuador (un importante epicentro para el tráfico marítimo de cocaína), México y otros países centroamericanos. Brasil ahora también juega un papel importante en el mercado mundial de la cocaína tanto como país de destino como de tránsito, debido a sus extensas fronteras terrestres con tres principales países de origen (Colombia, Perú y Bolivia) y su acceso al Océano Atlántico para el tráfico hacia África y Europa.

México, por su parte, es el tercer mayor productor mundial y cultivador de opio después de Afganistán y Birmania, y un actor clave en la producción y el tráfico de metanfetaminas. Se cree, también, que las organizaciones narcotraficantes mexicanas están ganando influencia en el mercado de las drogas sintéticas, a medida que se informa que el cultivo de cannabis ha aumentado en toda la región. Las nuevas sustancias psicotrópicas (NSP) están experimentando aumentos similares.

FUENTE DE INGRESOS DE LAS BANDAS Y VIOLENCIA

Aunque el secuestro y la extorsión son también actividades lucrativas para los grupos criminales en la región, el multimillonario negocio del narcotráfico representa la principal fuente de ingresos para la mayoría de estos grupos. No es de extrañar, por los tanto, que los países de Latinoamérica sean algunos de las más peligrosos, ya que la intensificación de la competencia mundial por el control del mercado, ha alimentado la violencia.

Esto es más evidente en México, donde se han registrado más de 60.000 asesinatos relacionados con el narcotráfico en los últimos seis años. También es el caso de Guatemala, El Salvador y Honduras, todos de los cuales son puntos estratégicos a lo largo de las rutas de narcotráfico de Sudamérica hacia Estados Unidos. La tasa de homicidios en Honduras es muy elevada: 86 por cada 100.000 habitantes, mientras que la ciudad noroccidental de San Pedro Sula es la más peligrosa del mundo, con 173 homicidios por cada 100.000 habitantes.

LA POLÍTICA NIXON DE 1973 CON LA CREACIÓN DE LA DEA

Este enfoque refleja la creencia, común entre los hacedores de políticas públicas tanto en Estados Unidos como en varios países latinoamericanos durante casi cuatro décadas, de que una fuerte acción de la fuerza pública en contra de las personas involucradas en la producción, distribución y consumo de drogas ilegales conduciría a la reducción del mercado de sustancias controladas.

Y, de hecho, esos esfuerzos para reducir la oferta de drogas ilícitas de los países productores a los mercados de consumo en Estados Unidos no han sido un completo fracaso. El Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de 2013 del Departamento de Estado de Estados Unidos, por ejemplo, sugiere que la producción de cocaína en la región andina se ha reducido en un 41 por ciento desde 2001, en parte como resultado de las numerosas iniciativas de lucha antinarcóticos.

No obstante, han sido insuficientes para reducir eficazmente la oferta y el consumo de drogas, así como la violencia. Si bien esto puede ser atribuido en parte a la determinación de los narcotraficantes y los altos niveles de corrupción endémica en la región, también se puede atribuir a la innovación de los grupos criminales. Esto es evidente, por ejemplo, en el uso de buques semisumergibles y narcosubmarinos capaces de transportar varias toneladas de cocaína desde Colombia hasta México.

SURGE EL MOVIMIENTO DE EX PRESIDENTES

Mientras tanto, la crítica de las políticas de línea dura de la guerra contra las drogas –y en particular del prohibicionismo– ha ido creciendo. En Latinoamérica, esto ha sido tradicionalmente el dominio de los líderes políticos retirados. Incluyendo a los respetados expresidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México, quienes en un informe de 2009 titulado «Drogas y democracia: Hacia un cambio de paradigma», declararon que la «guerra contra las drogas» era un fracaso y exigieron enfoques alternativos, empezando con la legalización de algunas drogas.

Más recientemente, sin embargo, una serie de presidentes en ejercicio de su función, a través del continente, han comenzado a hablar sobre el tema de la reforma de la política de drogas.

EL CONSENSO DE LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Esto se refleja en un consenso emergente, evidente en la Sexta Cumbre de las Américas celebrada en abril de 2012 en Colombia, cuando los Jefes de Estado y de Gobierno llegaron a un acuerdo significativo sobre una serie de conceptos básicos relacionados con el problema de las drogas. Uno de los conceptos clave fue el reconocimiento de que, con su impacto en la salud pública, los enormes costos financieros y la violencia adicional, el problema de las drogas es uno de los retos más importantes al que se enfrenta el hemisferio, y que el enfoque actual, a pesar de algunos resultados importantes, no ha sido suficientemente exitoso.

El debate ha dado un paso más en mayo de 2013, con el lanzamiento del esperado «Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas” de la Organización de los Estados Americanos. El informe, también destinado a abordar la creciente insatisfacción con el gran costo de la guerra contra las drogas y los crecientes niveles de violencia relacionada al narcotráfico, utiliza cuatro enfoques diferentes –llamados: «Juntos», «Caminos», «Adaptación» e «Interrupción»– para explorar las causas del problema y una serie de respuestas políticas alternativas para guiar a los líderes latinoamericanos en la próxima década.

Este innovador informe abrió el debate, que se encontraba en un punto muerto, sobre la mejor manera de hacer frente a las drogas y el crimen organizado. En particular, al considerar las alternativas a la política actual, establece normas para una discusión basada en la evidencia y en un común acuerdo sobre los retos que enfrentan los países afectados.

Por ejemplo, en lugar de concentrarse en los problemas de los países individuales, el informe busca transmitir las complejidades e interdependencias de la economía de la droga, ya que afecta a la región en su conjunto. También cuestiona la visión dominante del consumo de drogas y la adicción como delitos que deben ser sancionados, ubicándolos como un problema de salud pública que requieren políticas de prevención y tratamiento adecuadas.

De este modo, el informe cuestiona el actual enfoque «prohibicionista» como la única opción viable. Por lo tanto, si bien se abstuvo de ofrecer un plan de trabajo para la formulación de una alternativa viable a la guerra contra las drogas, sí marcó un hito importante en el debate actual. Sin lugar a duda será usado para informar a la Sesión Especial de 2016 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas  –un foro clave en el que es probable que se decida el futuro de la dirección estratégica de la política global de drogas–.

DIVERSIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LAS BANDAS

El debate en curso en torno a la reforma de la política de drogas y la posible aplicación de regímenes jurídicos y reglamentarios alternativos (como el caso para legalizar el cannabis en Uruguay) parece estar listo para ejercer una presión adicional al narcotráfico.

No obstante, esto podría desplazar el problema, afectando a otras industrias a través de Latinoamérica, a medida que los grupos criminales diversifican sus actividades para compensar la pérdida de ingresos. Estas actividades pueden incluir, por ejemplo, la minería criminal, la tala ilegal, el robo de petróleo, el tráfico de personas y el lavado de dinero.

EL CASO DE LA MINERÍA ILEGAL

Entre estos, la minería de oro es una industria particularmente susceptible, especialmente en Colombia. En este caso, se cree que grupos armados como la guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros grupos criminales como los Urabeños y los Rastrojos (llamados por el gobierno colombiano como “bandas criminales» o «BACRIM») ya están cobrando cuotas de extorsión o controlando directamente las minas de oro en un tercio de los municipios del país.

También se cree que El Frente 16 de las FARC, con base en los departamentos orientales de Guainía y Vichada, está extorsionando a los mineros que se encuentran a lo largo de la frontera con Venezuela, donde se están expandiendo hacia la minería de coltan. Y, según algunas fuentes, los ingresos de las FARC de la minería ilegal aurífera han superado incluso los de la producción de coca en ocho de los 32 departamentos (provincias) de Colombia.

Hay una serie de preocupaciones de seguridad –especialmente ambientales y económicas– ligadas al aumento de este tipo de actividades. Uno de los mayores retos asociados con la minería ilegal es la intoxicación por mercurio, ya que los mineros usan mercurio líquido para separar el oro de los sedimentos fluviales. Por otra parte, la creciente participación de grupos criminales en el sector minero podría reducir el atractivo del sector a la inversión extranjera, lo que socava los esfuerzos nacionales para utilizar el sector como una locomotora para el crecimiento económico.

EL TRÁFICO DE PERSONAS

Mientras tanto, la expansión de los grupos criminales en el tráfico de personas es motivo de gran preocupación. En un informe de 2012, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advirtió que el tráfico de personas iba a llegar a ser una fuente de ingresos cada vez más lucrativa para los carteles en Centroamérica. Y, mientras los gobiernos de la región han revisado recientemente su legislación contra la trata de personas, siguen siendo superados por el creciente poder e ingenio de los carteles.

Por ejemplo, el ejército mexicano rescató recientemente a 165 personas que viajaban como inmigrantes indocumentados cuando fueron secuestrados por un cartel del narcotráfico, cerca de la frontera con Estados Unidos; probablemente habiendo numerosos otros casos sin detectar.

En caso de que las reformas en materia de política de drogas obliguen a los grupos criminales a buscar otras formas de ingresos, es probable que haya un repunte en este negocio, de por sí, rentable.

Fuentes: Matt Ince para Royal United Service Institute, Signos de estos Tiempos

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